La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha ofrecido disculpas por sus recientes declaraciones sobre el fallo absolutorio del caso de Dani Alves, aunque ha mantenido su postura de que la sentencia representa un «retroceso» en la protección de las víctimas de violencia sexual. Las palabras de Montero, pronunciadas en un mitin en Jaén, generaron un intenso debate político y judicial, ya que cuestionó la primacía de la presunción de inocencia frente al testimonio de las víctimas.
En su intervención, Montero calificó la sentencia de «vergüenza» y expresó su preocupación por la percepción social de la justicia en casos de violencia sexual. «Si de la literalidad de mis palabras se deduce que puse en duda la presunción de inocencia, pilar fundamental de nuestro Estado de derecho, las retiro y pido disculpas», afirmó ante los medios, reconociendo la sensibilidad del tema.
A pesar de sus disculpas, la ministra de Hacienda subrayó que el principio de presunción de inocencia no debe ser incompatible con la credibilidad del testimonio de las víctimas. «Las mujeres estamos cansadas de esta situación», añadió, reflejando el malestar social ante la falta de justicia en casos de agresiones sexuales. Montero enfatizó que, aunque las resoluciones judiciales deben ser acatadas y respetadas, esto no impide que se realicen valoraciones sobre su contenido.
El contexto judicial del caso de Dani Alves es complejo. Inicialmente, el futbolista enfrentó una condena firme, lo que ha llevado a un debate más amplio sobre cómo se manejan los casos de delitos sexuales en el sistema judicial. Montero destacó que los delitos sexuales suelen ocurrir en contextos de intimidad, donde no hay testigos, y las reacciones de las víctimas no siempre siguen patrones estereotipados. Esto complica aún más la tarea de los jueces y la percepción pública de la justicia.
La vicepresidenta también hizo un llamamiento a la necesidad de analizar cómo evitar la revictimización de las víctimas durante los procesos judiciales. «La Justicia había avanzado en la protección de las mujeres y esta sentencia supone un retroceso», afirmó. Montero abogó por incorporar la perspectiva de género en estos casos, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
«Si mis palabras desviaron el debate, no fueron las adecuadas -no soy jurista-, pero el fondo del problema sigue vigente», matizó Montero, dejando claro que su intención no era socavar la presunción de inocencia, sino abrir un espacio para la discusión sobre la protección de las víctimas. En este sentido, concluyó con un mensaje de apoyo a las víctimas de violencia sexual, instando a la sociedad a animar a las mujeres a denunciar y a demostrar que las instituciones las respaldan.
El debate generado por las declaraciones de Montero ha puesto de relieve la tensión existente entre la protección de los derechos de los acusados y la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas. Este dilema es especialmente relevante en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema grave en la sociedad española.
Las palabras de Montero han resonado en un momento en que la opinión pública está cada vez más atenta a cómo se manejan los casos de agresiones sexuales y la forma en que se perciben las denuncias. La ministra ha enfatizado que no se puede permitir que se den pasos atrás en los derechos conquistados con tanto esfuerzo, y que es esencial seguir avanzando en la protección de las víctimas.
El caso de Dani Alves ha sido un catalizador para un debate más amplio sobre la justicia en casos de violencia sexual, y las declaraciones de Montero han puesto de manifiesto la necesidad de un diálogo continuo sobre cómo mejorar el sistema judicial para que sea más justo y equitativo para todos. La discusión sobre la presunción de inocencia y la credibilidad de las víctimas es un tema que seguirá siendo relevante en la agenda política y social en los próximos meses.
