La reciente decisión del Tribunal Supremo de España ha generado un gran interés en el ámbito judicial y político del país. La Sala de lo Penal ha respaldado la investigación que se lleva a cabo sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con la supresión de mensajes en su dispositivo móvil. Este respaldo se produce en un contexto donde la falta de colaboración del investigado ha sido señalada como un factor determinante para la prolongación de la investigación.
La investigación, dirigida por el magistrado Ángel Hurtado, busca esclarecer la posible existencia de otros dispositivos móviles utilizados por García Ortiz en los últimos dos años. La Sala ha justificado esta medida al señalar que la ausencia de mensajes en el terminal intervenido durante el registro de su despacho plantea interrogantes sobre la integridad de la información que podría estar relacionada con los hechos objeto de la investigación.
El 17 de febrero, el juez Hurtado dictó una serie de diligencias que incluyen la solicitud a la Unidad de Informática de la Fiscalía General para que proporcione el número de serie y otros datos identificativos del móvil entregado a García Ortiz. La Abogacía del Estado argumentó que esta diligencia carece de utilidad, dado que el dispositivo fue incautado en el registro. Sin embargo, el Tribunal ha señalado que es crucial determinar si el móvil intervenido es efectivamente el mismo que se entregó al fiscal, ya que existe la posibilidad de que se le haya proporcionado un terminal diferente.
Además, el Tribunal ha solicitado información sobre los cambios de teléfono que García Ortiz haya realizado desde el 31 de junio de 2023. La Abogacía ha argumentado que la investigación se limita a un periodo específico y que no se justifica la proporcionalidad de la medida. No obstante, el Tribunal ha destacado que, de no haberse borrado los mensajes en el dispositivo intervenido, muchas de las diligencias posteriores para determinar el origen de las filtraciones a la prensa podrían no haber sido necesarias.
La investigación también se centra en las comunicaciones previas al 13 y 14 de marzo, fechas en las que ya existía un interés por conocer los detalles del procedimiento que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal considera que es muy probable que existan comunicaciones relevantes que puedan ayudar a concretar quién filtró información a los medios de comunicación.
La decisión del Tribunal Supremo de respaldar la búsqueda de más dispositivos móviles de García Ortiz ha generado un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas. La figura del fiscal general es fundamental en el sistema judicial español, y cualquier indicio de irregularidad puede tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia la justicia.
Este caso también pone de manifiesto la importancia de la tecnología en las investigaciones judiciales. La capacidad de acceder a datos digitales se ha convertido en un elemento crucial para esclarecer hechos y responsabilidades en diversos casos. La preservación de la información en dispositivos móviles es un aspecto que ha cobrado relevancia en la era digital, y la capacidad de las autoridades para acceder a estos datos es un tema que suscita tanto interés como preocupación en la sociedad.
A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre las acciones y decisiones de García Ortiz, así como sobre el contexto en el que se produjeron las supresiones de mensajes. La atención mediática y pública sobre este caso continuará, ya que representa un punto crítico en la relación entre la justicia y la política en España.
