La reciente entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia trae consigo una serie de cambios significativos que buscan optimizar el funcionamiento del sistema judicial en España. Esta ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en enero, establece nuevas normativas que afectan tanto a particulares como a empresas, con el objetivo de reducir la litigiosidad y agilizar los procesos judiciales.
Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la obligatoriedad de la mediación prejudicial en la mayoría de los procedimientos civiles y mercantiles. Esto implica que, antes de presentar una demanda, las partes involucradas deberán intentar llegar a un acuerdo a través de medios adecuados de resolución de controversias (MASC). Este requisito se aplicará en casos de impagos, incumplimientos de contrato y otras disputas, y tiene como finalidad disuadir a las partes de acudir a los tribunales, lo que podría resultar en una reducción de la carga judicial.
La ley también establece que, si las partes no acuden a la mediación antes de un juicio, deberán asumir las costas del proceso, incluso si resultan vencedores. Esta medida busca incentivar la resolución de conflictos de manera más eficiente y menos costosa, promoviendo el uso de mediadores independientes y neutrales que faciliten el diálogo entre las partes.
Otro cambio importante es la introducción de juicios rápidos para desalojar a los ‘okupas’. La ley permite que los magistrados celebren juicios en un plazo de 15 días para casos de usurpación de inmuebles vacíos o allanamiento de morada. Esta modificación busca acelerar los procedimientos de desalojo, que a menudo se prolongan durante meses o incluso años, generando incertidumbre para los propietarios.
Además, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia modifica la Ley de Propiedad Horizontal, estableciendo que la actividad de alquiler turístico deberá ser aprobada por al menos tres quintos de la comunidad de propietarios del edificio. Esta medida responde a las crecientes preocupaciones sobre el impacto de los alquileres turísticos en las comunidades residenciales y busca garantizar un mayor control por parte de los vecinos sobre el uso de las propiedades en su entorno.
La ley también pone fin a la figura de la ‘golden visa’, que permitía a los inversores extranjeros obtener permisos de residencia a cambio de inversiones en bienes raíces en España. Aunque esta medida ha sido vista como una forma de atraer capital extranjero, su impacto ha sido limitado, con menos de 2,500 permisos concedidos en 2022. A partir de ahora, los permisos de residencia por inversión que ya estén en vigor mantendrán su validez, pero no se aceptarán nuevas solicitudes bajo esta modalidad.
En el ámbito laboral, la ley introduce un límite de impagos de nómina que permite a los trabajadores renunciar a su puesto con derecho a indemnización y prestación por desempleo. Esto se aplica en situaciones donde se adeuden tres mensualidades en un año o donde haya retrasos en el pago del salario en seis ocasiones, aunque no sean consecutivas. Esta modificación busca proteger a los trabajadores de situaciones de impago y facilitar su salida de empresas que no cumplan con sus obligaciones salariales.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia responde a un contexto de creciente litigiosidad en España, donde los tiempos de resolución de los casos han aumentado significativamente en los últimos años. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los recursos y procesos civiles tardaron en resolverse unos cinco meses en 2023, un plazo que ha ido en aumento desde 2019. La ley busca no solo reducir estos tiempos, sino también mejorar la calidad de la justicia y la satisfacción de los ciudadanos con el sistema judicial.
En resumen, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce cambios significativos en el sistema judicial español, con un enfoque en la mediación, la agilidad en los juicios y la protección de los derechos de los ciudadanos. Estas reformas son parte de un esfuerzo más amplio por modernizar y hacer más eficiente un sistema que ha enfrentado críticas por su lentitud y carga excesiva de casos.
