Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos, ha sido objeto de atención mediática tras su participación en un proceso de selección para un puesto en Tragsatec, una empresa pública del Estado. En este proceso, que se llevó a cabo en 2021, Rodríguez logró posicionarse en segundo lugar entre 177 candidatos, lo que ha suscitado interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de su contratación.
El proceso de selección se abrió el 1 de febrero de 2021 y, de los 177 aspirantes, solo 9 cumplían con los requisitos establecidos. Finalmente, solo dos candidatos superaron todas las pruebas, siendo Jésica Rodríguez una de ellas, con una puntuación de 52 puntos, un punto por debajo del primer lugar. Esta situación ha generado un debate sobre la equidad del proceso y la competencia en la contratación pública.
Rodríguez firmó un contrato con Tragsatec, donde se le asignaron tareas administrativas relacionadas con el análisis y control de documentación, así como la gestión contable. Sin embargo, su experiencia laboral ha sido cuestionada, ya que en su declaración ante el Tribunal Supremo, afirmó que no realizó ninguna actividad significativa durante su tiempo en la empresa, salvo el primer día en que recogió un equipo informático.
La situación se complica aún más debido a que Tragsatec ha indicado que actualmente se lleva a cabo una investigación interna para esclarecer las circunstancias de la contratación de Rodríguez. Este procedimiento busca determinar si realmente cumplió con las funciones asignadas y si hubo irregularidades en el proceso de selección.
El magistrado Leopoldo Puente, encargado de la causa relacionada con la contratación de material sanitario durante la pandemia, ha solicitado información adicional a Tragsatec e INECO, otra empresa pública con la que Rodríguez también tuvo relación laboral. Entre las diligencias requeridas se encuentra la documentación sobre el proceso de selección, así como detalles sobre las actividades que se le encomendaron y quién supervisaba su trabajo.
La falta de claridad en la situación laboral de Jésica Rodríguez ha llevado a cuestionar la transparencia de las contrataciones en el sector público, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones es crucial. Las acusaciones populares han instado a una investigación exhaustiva para garantizar que no se hayan producido favoritismos o irregularidades en el proceso de selección.
La ex pareja de Ábalos ha defendido su posición, argumentando que su contratación fue legítima y que cumplió con los requisitos establecidos. Sin embargo, la contradicción entre su testimonio y la información proporcionada por Tragsatec ha generado un clima de desconfianza. La empresa ha afirmado que las instrucciones sobre su trabajo provenían del personal de ADIF, pero Rodríguez ha negado haber trabajado en las dependencias de esta entidad, lo que añade más confusión al caso.
El Tribunal Supremo ha tomado nota de estas discrepancias y ha solicitado a las empresas involucradas que aclaren los detalles del proceso de selección y la naturaleza del trabajo realizado por Rodríguez. Esta situación pone de relieve la importancia de la transparencia en la administración pública y la necesidad de establecer mecanismos claros para la contratación de personal, especialmente en tiempos de crisis.
El caso de Jésica Rodríguez no solo afecta a su carrera profesional, sino que también plantea preguntas sobre la ética en la gestión pública y la responsabilidad de las instituciones para garantizar procesos justos y equitativos. A medida que avanza la investigación, la atención se centrará en cómo se desarrollará este caso y qué implicaciones tendrá para las políticas de contratación en el futuro.
