La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, ha manifestado su compromiso de proteger el tejido productivo del país frente a las políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos. En una reciente declaración, Díaz subrayó que las ayudas a las empresas afectadas no serán incondicionales, sino que estarán sujetas a ciertas condiciones que buscan garantizar la estabilidad laboral y evitar la deslocalización.
Díaz enfatizó la importancia de establecer prioridades claras en la gestión de estas ayudas, destacando que las empresas que reciban apoyo público no podrán despedir a sus trabajadores. Esta medida busca asegurar que, en tiempos de crisis, no sean los empleados quienes paguen las consecuencias de las decisiones empresariales. La ministra de Trabajo también mencionó que las empresas que necesiten apoyo podrán acogerse a mecanismos de protección social, como los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y el mecanismo RED, que han demostrado ser efectivos en situaciones anteriores.
En su intervención, Díaz dejó claro que la protección del empleo es fundamental. «Nadie entendería que salváramos a las empresas para que a la vez les permitamos despedir a la gente trabajadora en nuestro país», afirmó. Esta postura refleja un enfoque centrado en la defensa de los derechos de los trabajadores, en un contexto donde las políticas arancelarias de EE.UU. están generando incertidumbre y tensiones en el mercado global.
La ministra también advirtió sobre las implicaciones de las decisiones de la administración estadounidense, calificando los aranceles como un «error económico» que está provocando turbulencias en las bolsas de todo el mundo. Según Díaz, las consecuencias de estas políticas no son abstractas, sino que afectan directamente a la vida de las personas, las comunidades y el tejido productivo del país.
En un esfuerzo por mitigar el impacto de los aranceles, el Gobierno español ha anunciado un paquete de medidas que incluye una inversión de 2.500 millones de euros. Este plan se basa en tres ejes fundamentales: la prohibición de despidos, el mantenimiento del empleo y la no deslocalización de las empresas que reciban ayudas. Díaz subrayó que estas condiciones son esenciales para proteger a los trabajadores y evitar que sean los más vulnerables quienes sufran las consecuencias de la guerra comercial.
La ministra también hizo hincapié en que la respuesta del Gobierno debe ser selectiva y precisa, concentrándose en las grandes tecnológicas estadounidenses como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Tesla y Meta. Esta estrategia busca minimizar el impacto de los precios que enfrentan las familias y pequeñas empresas en España, al tiempo que se defiende el empleo y se protege el tejido productivo.
Díaz concluyó su intervención advirtiendo que abrir una guerra comercial y romper los lazos del comercio internacional es una estrategia que empobrece al mundo entero, comenzando por el propio pueblo estadounidense. En este sentido, la ministra aboga por una cooperación internacional que no se base en lógicas neoliberales, sino que busque fortalecer las cadenas productivas y el multilateralismo.
Las declaraciones de Yolanda Díaz reflejan un enfoque proactivo del Gobierno español ante los desafíos económicos actuales, buscando equilibrar la protección del empleo con la necesidad de apoyar a las empresas en un contexto de incertidumbre global. La ministra ha dejado claro que la defensa de los derechos de los trabajadores es una prioridad en la gestión de las ayudas a las empresas afectadas por las políticas arancelarias de EE.UU.
