La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado que no se aplicará la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación. Esta decisión se basa en la resolución del juez Pablo Llarena, quien ya había rechazado en julio la aplicación de la amnistía tanto al ex presidente de la Generalitat como a los consejeros Toni Comín y Lluís Puig. La negativa a la amnistía fue objeto de recursos tanto por parte de las defensas de los implicados como de la Fiscalía, que también solicitó su aplicación.
Los magistrados del Supremo han desestimado estos recursos, reafirmando que la decisión de Llarena no contraviene la voluntad del legislador. El delito de malversación se refiere a la utilización indebida de fondos públicos, en este caso, los utilizados en el referéndum de independencia de 2017. En su sentencia, el Supremo argumenta que la ley no se limita a considerar como beneficio personal solo el aumento tangible del patrimonio, sino que también incluye situaciones en las que las obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos.
Los jueces han señalado que los acusados se beneficiaron patrimonialmente al impulsar un proyecto político ilegal y cargar los gastos a la administración autonómica. Esta interpretación amplia del concepto de malversación ha sido clave para la decisión del tribunal, que considera que el interés público no se ve favorecido por la aplicación de la amnistía en este caso.
Además, el Supremo ha calificado de improcedente la posibilidad de plantear una cuestión sobre este delito ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Con esta resolución, Puigdemont permanece en busca y captura, lo que complica su regreso a España sin el riesgo de ser detenido. Esta situación se convierte en un obstáculo significativo para el ex presidente, quien ya enfrentaba problemas legales antes de esta decisión.
La negativa a la amnistía se produce en un contexto político tenso en Cataluña, donde las relaciones entre el gobierno español y los partidos independentistas continúan siendo complicadas. La ley de amnistía, que fue aprobada en un intento de resolver las tensiones políticas en la región, ha sido objeto de controversia y debate, especialmente en lo que respecta a su aplicación a delitos como la malversación.
El Tribunal Supremo ha dejado claro que su decisión se basa en la interpretación de la ley y en la necesidad de mantener la integridad del sistema judicial. La resolución también refleja la postura del tribunal respecto a la responsabilidad de los líderes políticos en el uso de recursos públicos y la importancia de garantizar que se rinda cuentas por acciones que puedan considerarse ilegales.
La situación de Puigdemont y la decisión del Supremo han reavivado el debate sobre la amnistía y su viabilidad en el contexto actual. Los partidos políticos en España, tanto a favor como en contra de la amnistía, han expresado sus opiniones sobre la decisión del tribunal, lo que indica que el tema seguirá siendo un punto de fricción en la política española.
En resumen, la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación marca un hito importante en el desarrollo del proceso judicial relacionado con el independentismo catalán y plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España.
