El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado un extenso documento ante el Tribunal Supremo en el que defiende su posición respecto a las acusaciones que le involucran en un caso de ocupación ilegal de un edificio en Perú. Este escrito, que consta de 400 folios, busca desmentir las afirmaciones contenidas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha suscitado controversia en el ámbito político y mediático.
En su defensa, Ábalos sostiene que el edificio en cuestión, que pertenece a la Fundación Fiadelso, está actualmente ocupado de manera ilegal. Asegura que el juicio de desahucio correspondiente está programado para octubre de 2025. En su escrito, menciona que los archivos citados en el informe de la UCO, que incluyen detalles sobre la ocupación del inmueble, son de su propiedad y que la información ha sido manipulada para perjudicar su imagen.
El exministro argumenta que la filtración de datos sobre su propiedad facilitó la publicación de un artículo en un medio de comunicación, que lo describía como propietario de un lujoso chalet en Perú. Ábalos critica la cobertura mediática, afirmando que se han realizado entrevistas con el presunto ocupante del edificio, Segundo Sigfredo Valle Cortez, con el objetivo de enturbiar el proceso judicial en su contra.
El informe de la UCO, fechado el 17 de marzo de 2025, señala que Ábalos posee dos propiedades fuera de España, una en Perú y otra en Colombia. Sin embargo, el exministro niega estas afirmaciones, argumentando que la propiedad en Colombia fue vendida en 2013 y que no la incluyó en su declaración de bienes debido a su bajo valor.
En relación con la propiedad en Perú, Ábalos explica que el inmueble está registrado a su nombre por razones formales, ya que la Fundación Fiadelso no está constituida legalmente en el país andino. Por lo tanto, el edificio tuvo que ser registrado a nombre de Ábalos y de un presidente fallecido de la fundación. El exministro también menciona que el inmueble fue utilizado como centro de formación para la ONG en Perú.
El informe de la UCO detalla que el local estuvo alquilado a la Universidad San Pedro hasta julio de 2018, justo un mes después de que Ábalos asumiera el cargo de ministro de Fomento. A raíz de esto, inició un procedimiento de desahucio contra los ocupantes del inmueble y denunció a dos personas por usurpación agravada.
Además, el informe menciona que Ábalos tiene plenos poderes sobre los terrenos en Perú, lo que le permitiría venderlos. Se ha informado que el exministro tiene la intención de poner a la venta el edificio por un valor de 2 millones de dólares, lo que ha generado aún más controversia en torno a su situación.
La defensa de Ábalos se centra en desmentir las acusaciones de que ha mentido en su declaración de bienes ante el Congreso de los Diputados. En su última declaración, el exministro solo incluyó la titularidad de dos vehículos y cuatro inmuebles urbanos, omitiendo las propiedades en Perú y Colombia. Sin embargo, su defensa argumenta que la propiedad en Colombia no es de su propiedad desde hace más de una década y que la confusión en el informe de la UCO se debe a un error en la conversión de moneda.
El caso ha captado la atención de la opinión pública y ha generado un intenso debate sobre la ética y la transparencia en la política española. La situación de Ábalos se complica aún más por las implicaciones legales que enfrenta, así como por la presión mediática que rodea su figura. A medida que se acerca la fecha del juicio de desahucio, se espera que el exministro continúe defendiendo su inocencia y desmintiendo las acusaciones en su contra.
