El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha desatado una controversia significativa al anunciar un incremento de 2.084 millones de euros en el presupuesto destinado a Defensa. Esta decisión se produce en un contexto de tensiones políticas con sus socios de gobierno, Sumar y Podemos, quienes han expresado su oposición a un mayor gasto en armamento y defensa. A pesar de la falta de un presupuesto general aprobado, el Gobierno ha optado por realizar una transferencia de crédito para financiar este aumento, lo que ha generado críticas tanto desde la oposición como desde sus propios aliados.
### La Estrategia de Defensa del Gobierno
El anuncio del gasto en Defensa se ha realizado sin la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha llevado a la oposición a cuestionar la legalidad y la transparencia de esta medida. Desde el Partido Popular (PP), se ha calificado esta acción como una maniobra de un «autócrata», argumentando que se está actuando a espaldas de los ciudadanos y sin el debido proceso legislativo. La transferencia de fondos se justifica por la prórroga presupuestaria vigente desde 2022, lo que ha permitido al Gobierno actuar sin la necesidad de un nuevo presupuesto.
El incremento en el gasto se destinará a la modernización de las fuerzas armadas, mantenimiento de infraestructuras y mejoras en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la falta de un debate abierto en el Congreso sobre este tema ha suscitado preocupaciones sobre la dirección que está tomando la política de defensa del país. La oposición ha exigido que se presenten los presupuestos para poder evaluar y debatir sobre el uso de los recursos públicos, especialmente en un área tan sensible como la defensa.
### La Reacción de Sumar y Podemos
Por su parte, Sumar ha mostrado una postura ambivalente. Aunque han expresado su oposición ideológica al aumento del gasto en defensa, han optado por no bloquearlo completamente, limitándose a hacer «observaciones» sobre la medida. Esta actitud ha generado críticas internas y ha puesto de manifiesto las tensiones dentro del gobierno de coalición. Podemos, por otro lado, ha sido más contundente en su rechazo, instando al Ejecutivo a reconsiderar su enfoque y a priorizar el gasto en áreas sociales en lugar de en armamento.
La situación se complica aún más por el contexto internacional. La OTAN ha manifestado su interés en supervisar el uso de estos fondos para asegurarse de que se destinen efectivamente a la defensa y no a otros fines. Esto añade una capa de presión sobre el Gobierno español, que debe justificar sus decisiones tanto a nivel interno como ante sus aliados internacionales.
El debate sobre el gasto en defensa no solo es una cuestión de política interna, sino que también está vinculado a la estrategia geopolítica de España. En un momento en que las relaciones internacionales son cada vez más complejas, el Gobierno se enfrenta al desafío de equilibrar las demandas de sus socios de coalición con las expectativas de sus aliados en la OTAN y la comunidad internacional.
### La Falta de Presupuestos y sus Implicaciones
Uno de los puntos más críticos de esta situación es la falta de presentación de los Presupuestos Generales del Estado. La Constitución española establece que el Gobierno debe presentar estos presupuestos al menos tres meses antes de finalizar el año, y Sánchez lleva ya siete meses de retraso. Esta situación ha llevado a la oposición a acusar al Gobierno de falta de transparencia y de no cumplir con sus obligaciones constitucionales.
La negativa de Sánchez a presentar los presupuestos se debe, según fuentes cercanas al Ejecutivo, a la falta de apoyos necesarios para su aprobación. Sin embargo, esto no exime al Gobierno de su responsabilidad de rendir cuentas ante el Parlamento y los ciudadanos. La falta de un marco presupuestario claro puede tener consecuencias graves, no solo para la gestión de los recursos públicos, sino también para la estabilidad política del Gobierno.
En este contexto, la relación entre el PSOE, Sumar y Podemos se encuentra en una encrucijada. La presión para alcanzar consensos y acuerdos es mayor que nunca, especialmente en un momento en que la política internacional está en constante cambio. La capacidad del Gobierno para gestionar esta crisis interna y externa será crucial para su futuro y para la estabilidad del país en general.