La reciente crisis energética en España ha puesto en el centro del debate a Redeia, la empresa responsable de la gestión del sistema eléctrico en el país. El apagón masivo ocurrido el 28 de abril ha desatado una serie de reacciones tanto en el ámbito político como en el empresarial, revelando las vulnerabilidades del sistema eléctrico y la necesidad de una revisión profunda de las políticas energéticas actuales.
### La Caída de Redeia y el Impacto del Apagón
El apagón que afectó a la Península Ibérica ha sido calificado como una «semana horribilis» para Redeia, que vio cómo su cotización en bolsa caía más de un 6% en solo cinco días. A pesar de un incremento en los ingresos y beneficios en el primer trimestre de 2025, la empresa no pudo celebrar estos resultados debido a la crisis que enfrenta. En concreto, los ingresos aumentaron un 2,6%, alcanzando los 404,5 millones de euros, y el beneficio neto creció un 4,2%, hasta 137,8 millones. Sin embargo, el aumento del 69,3% en las inversiones, que alcanzaron los 253,5 millones, ha generado inquietud sobre la salud financiera de la compañía y su capacidad para gestionar la red eléctrica.
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha sido objeto de críticas por su gestión y por no dimitir tras el apagón. A pesar de ser una figura cercana al Gobierno, su permanencia en el cargo ha suscitado dudas sobre la independencia de la empresa y su capacidad para actuar en el mejor interés del sistema eléctrico español. La falta de inversiones en la red durante años ha llevado a una situación crítica, donde la dependencia de las energías renovables sin un respaldo adecuado ha puesto en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico.
### La Reacción del Gobierno y el Debate Político
El Gobierno español ha reaccionado de diversas maneras ante la crisis. El presidente Pedro Sánchez ha apuntado a los operadores privados como responsables del apagón, mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha exigido que Redeia sea completamente pública. Esta postura ha generado un debate intenso sobre la necesidad de una red eléctrica en manos del Estado, argumentando que es un sector estratégico que debe estar bajo control público.
Sin embargo, la realidad es que el Estado ya posee un 20% de Redeia, lo que plantea preguntas sobre la efectividad de la gestión pública en el sector energético. Las críticas hacia la empresa no solo provienen de la oposición, sino también de miembros del propio Gobierno, quienes han señalado la necesidad de una intervención más directa en las empresas eléctricas para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión del sistema.
La situación se complica aún más con la aparición de teorías sobre un posible ciberataque como causa del apagón. Aunque muchos expertos han descartado esta hipótesis, la incertidumbre sobre las verdaderas causas del incidente ha alimentado la desconfianza en la gestión de Redeia y en la capacidad del Gobierno para manejar crisis de esta magnitud.
### La Necesidad de un Cambio en la Estrategia Energética
El apagón ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema eléctrico español, que ha estado bajo presión debido a la creciente dependencia de las energías renovables. Expertos en el sector han advertido que la elevada penetración de fuentes de energía renovable sin el respaldo adecuado de fuentes estables, como la energía nuclear, puede llevar a situaciones de inestabilidad. La falta de una estrategia clara que integre adecuadamente las energías renovables con fuentes de energía más tradicionales ha sido criticada por muchos analistas.
La discusión sobre la energía nuclear ha resurgido con fuerza, ya que muchos argumentan que su eliminación del mix energético podría agravar la situación. La necesidad de un equilibrio entre energías renovables y fuentes de energía más estables es crucial para evitar futuros apagones y garantizar la seguridad del suministro eléctrico.
En este contexto, la presión sobre Redeia para que mejore su gestión y la llamada a una mayor intervención pública en el sector energético son temas que seguirán dominando el debate político en España. La crisis actual podría ser un punto de inflexión que impulse cambios significativos en la política energética del país, con el objetivo de garantizar un suministro eléctrico seguro y sostenible para el futuro.
