La reciente designación de Arancha González Laya como consejera de Red Eléctrica ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico español. Esta decisión, que se produce tras su cese como ministra de Asuntos Exteriores, ha sido interpretada como un movimiento estratégico del Gobierno de Pedro Sánchez para consolidar su control sobre una de las empresas más importantes del país. Con un salario de 100.000 euros, González Laya no solo recibe un trato preferencial, sino que también se convierte en un símbolo de la política de recompensas que se ha implementado en el ámbito gubernamental.
### La Recompensa a la Exministra
La llegada de González Laya a Red Eléctrica no es un hecho aislado. Su nombramiento se produce en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer su influencia en el consejo de administración de la compañía, que cotiza en el Ibex 35 bajo el nombre de Redeia. Con este movimiento, el PSOE no solo suma un nuevo asiento en el consejo, sino que también desplaza a un representante del Partido Popular, asegurando así una mayoría que podría ser crucial en futuras decisiones estratégicas.
El hecho de que el Gobierno controle el 20% de Red Eléctrica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) añade una capa de complejidad a esta situación. A pesar de que los accionistas privados tienen limitaciones para aumentar su participación, el Ejecutivo ha logrado posicionarse de manera que puede influir en las decisiones de la empresa. Este control se hace aún más evidente al observar que el consejo está compuesto en su mayoría por expolíticos, muchos de los cuales carecen de experiencia en el sector energético.
González Laya, quien fue cesada tras la presión de Marruecos debido a su gestión del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha tenido un recorrido profesional que la ha llevado desde el ámbito político hasta el académico, donde ha ocupado cargos relevantes. Su regreso al ámbito público, en este caso a Red Eléctrica, plantea interrogantes sobre la meritocracia en la política española y la tendencia a recompensar a quienes han estado en el círculo de poder.
### La Crisis Energética y el Papel de Red Eléctrica
La designación de González Laya se produce en un momento crítico para Red Eléctrica, que ha estado en el centro de la controversia tras un apagón histórico ocurrido el 28 de abril. Este incidente ha generado una serie de críticas hacia la gestión de la empresa y ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de sus operaciones. A pesar de que el Gobierno ha intentado desviar la atención hacia posibles sabotajes o errores de terceros, la realidad es que la gestión interna de la compañía ha sido cuestionada.
Los expertos han señalado que el apagón podría estar relacionado con la creciente dependencia de fuentes de energía renovable, como la fotovoltaica, que, aunque son esenciales para la transición energética, presentan desafíos significativos para la estabilidad de la red. En este contexto, la falta de experiencia técnica entre los miembros del consejo de administración se convierte en un factor preocupante. La designación de González Laya, junto a otros exministros, ha sido criticada por no contar con el conocimiento necesario para abordar los retos que enfrenta la empresa.
El hecho de que el Gobierno se dé un plazo de tres meses para investigar el origen del apagón y tomar medidas correctivas refleja una falta de preparación ante una crisis que podría haberse evitado. La situación se complica aún más con la desconfianza de países vecinos, como Portugal y Francia, que han mostrado reticencias a conectarse a la red española, lo que pone en riesgo la imagen de España como un actor confiable en el ámbito energético europeo.
La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez parece centrarse en mantener el control político sobre Red Eléctrica, a pesar de las críticas y la falta de resultados tangibles. La designación de González Laya, lejos de ser solo un movimiento administrativo, se inscribe en una lógica de consolidación de poder que podría tener repercusiones significativas en el futuro de la política energética en España. La intersección entre política y economía en este caso es evidente, y plantea preguntas sobre la dirección que tomará el país en su transición hacia un modelo energético más sostenible y eficiente.
