El apagón masivo que afectó a la Península Ibérica el 28 de abril ha desatado una serie de reacciones y análisis que ponen en tela de juicio la gestión del Gobierno español. A medida que se despliegan las investigaciones, las acusaciones y las críticas se intensifican, revelando un panorama complejo que involucra tanto a la administración actual como a la percepción pública sobre la transición energética del país.
### Un Experimento Fallido: La Teoría del Apagón
Recientemente, medios británicos han señalado que el apagón podría haber sido el resultado de un «experimento» del Gobierno español con energías renovables. Según informes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba llevando a cabo pruebas para evaluar la viabilidad de aumentar la dependencia de estas fuentes de energía antes de cerrar los reactores nucleares en 2027. Esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de la administración, que ha negado cualquier relación entre el apagón y un experimento deliberado.
El diario The Telegraph ha sido uno de los más críticos, sugiriendo que el Gobierno está tratando de ganar tiempo con explicaciones que carecen de fundamento técnico. En este contexto, la Red Eléctrica de España, encargada de gestionar la red eléctrica, ha sido acusada de obstaculizar el funcionamiento adecuado del sistema. La situación ha comenzado a afectar la imagen del PSOE en las encuestas, donde se observa una caída en la popularidad del partido, lo que podría tener repercusiones en las próximas elecciones.
Por otro lado, el Daily Mail ha criticado la obsesión del Gobierno con las emisiones cero, sugiriendo que esta política ha contribuido a la crisis actual. El aeropuerto de Barajas ha sido mencionado como un ejemplo del declive del país, con descripciones que lo catalogan como un «Zombieland». Esta crítica se suma a una serie de problemas que, según el diario, han surgido desde que el PSOE asumió el poder en 2018, incluyendo la escasez de vivienda y una alta tasa de desempleo.
### Reacciones y Consecuencias en el Ámbito Político
La respuesta del Gobierno ante el apagón ha sido variada. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha indicado que hay múltiples factores detrás del incidente, aunque ha descartado la posibilidad de un ciberataque. Sin embargo, la falta de detalles concretos ha alimentado la especulación y la desconfianza entre la población y los expertos.
En el ámbito político, la situación ha llevado a un aumento de las críticas hacia la administración de Sánchez. La economista Diana Furchtgott-Roth ha señalado que el apagón se debió a problemas en dos plantas solares, lo que ha generado un debate sobre la efectividad de la transición energética en España. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, también ha sido objeto de críticas por no culpar a las energías renovables, a pesar de que muchos expertos y la administración Trump han señalado que estas podrían ser responsables del apagón.
La controversia ha llegado a tal punto que el Gobierno ha tenido que salir a desmentir las acusaciones de que el apagón fue el resultado de un experimento. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha arremetido contra empresarios que difunden lo que ella considera bulos y mentiras. En respuesta, Red Eléctrica ha defendido su actuación, afirmando que operó con una generación convencional que superaba las recomendaciones en el día del apagón.
La situación se complica aún más con la propuesta de fusión entre Redeia y Enagás, que podría llevar al cese de Beatriz Corredor, actual presidenta de Redeia. Esta fusión, aunque no total, podría ser vista como un intento del Gobierno de desviar la atención de la crisis actual y de la gestión del apagón.
El apagón ha puesto de manifiesto no solo las debilidades en la infraestructura eléctrica de España, sino también la fragilidad de la confianza pública en el Gobierno. A medida que se desarrollan las investigaciones y se presentan nuevas teorías sobre las causas del apagón, la administración de Sánchez se enfrenta a un desafío significativo: restaurar la confianza de los ciudadanos y demostrar que puede gestionar eficazmente la transición hacia un modelo energético más sostenible sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico del país.
