La reciente prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones en la economía española. Este fenómeno, que se ha vuelto recurrente en la política fiscal del país, plantea serias preocupaciones sobre la gestión de los recursos públicos y la capacidad del Gobierno para implementar políticas efectivas. En este artículo, exploraremos las consecuencias de esta prórroga y las recomendaciones del Instituto de Estudios Económicos (IEE) para abordar esta situación.
La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que se aprobó en 2023, ha sido criticada por el IEE, que argumenta que esta decisión representa una renuncia del Gobierno a su responsabilidad fiscal. Según el informe presentado por el IEE, la falta de un nuevo presupuesto no solo afecta la planificación y ejecución de políticas públicas, sino que también puede llevar a una distorsión institucional que compromete la separación de poderes en el país. La ausencia de un nuevo marco presupuestario implica que el poder parlamentario, que debería representar a la ciudadanía, queda relegado, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia.
### Consecuencias de la Prórroga Presupuestaria
El informe del IEE destaca varios efectos negativos que surgen de la prórroga de los Presupuestos. En primer lugar, se menciona que la falta de un nuevo presupuesto puede resultar en costos adicionales y retrasos en la ejecución de proyectos de inversión. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde la inversión pública es crucial para impulsar el crecimiento económico a largo plazo. La prórroga, según el IEE, consolida una brecha negativa entre el crecimiento del gasto de capital y el gasto corriente, lo que indica un deterioro en la calidad de la estructura del gasto público.
Además, el IEE señala que la inversión pública en España es significativamente inferior a la media de la eurozona. Durante el periodo 2009-2024, la inversión pública en el país representó solo el 2,6% del PIB, en comparación con el 3,4% en la eurozona. Para cerrar esta brecha y garantizar la convergencia real de España con la Unión Europea, el IEE sugiere que el país debería aumentar su inversión pública en aproximadamente un punto del PIB anual, lo que equivaldría a unos 15.000 millones de euros adicionales cada año.
La prórroga de los Presupuestos también tiene un impacto directo en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura, que son esenciales para el desarrollo económico. La falta de un marco presupuestario claro puede llevar a una gestión fiscal reactiva, en lugar de una planificación estratégica que permita abordar las necesidades de inversión del país de manera efectiva.
### Recomendaciones del Instituto de Estudios Económicos
Ante esta situación, el IEE ha instado a los grupos parlamentarios a acudir al Tribunal Constitucional para establecer un marco jurídico que regule las prórrogas de los presupuestos en el futuro. Esta medida busca crear criterios más estrictos sobre cuándo y cómo pueden prorrogarse los presupuestos, así como establecer consecuencias para los casos de prórrogas repetidas sin justificación clara. El IEE argumenta que el Tribunal podría incluso determinar que en situaciones de este tipo se debería considerar la convocatoria de elecciones generales.
La propuesta del IEE refleja una preocupación más amplia sobre la calidad de la democracia y la gobernanza en España. La capacidad del Gobierno para gestionar los recursos públicos de manera efectiva es fundamental para el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo económico del país. La prórroga de los Presupuestos no solo es un tema técnico, sino que también tiene profundas implicaciones políticas y sociales.
En resumen, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 plantea serios desafíos para la economía española. Las recomendaciones del IEE son un llamado a la acción para garantizar que el proceso presupuestario sea transparente y responsable, y que se priorice la inversión pública como motor del crecimiento económico. La situación actual requiere un debate serio y constructivo sobre cómo mejorar la gestión fiscal en España y asegurar que las decisiones tomadas en el ámbito económico reflejen las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.
