La situación de los menores migrantes en Canarias ha alcanzado un punto crítico, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a intervenir y exigir al Estado español que tome medidas urgentes para atender a un millar de menores extranjeros no acompañados que esperan sus solicitudes de asilo. Esta decisión se produce en un contexto donde la falta de atención y recursos ha generado un claro incumplimiento de las obligaciones legales por parte de las autoridades competentes.
La resolución del Tribunal Supremo, emitida tras una vista celebrada el 29 de mayo, establece un plazo de 30 días para que el Gobierno central implemente una serie de medidas que incluyen la dotación de personal y recursos a las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes de asilo. Este fallo se basa en una orden previa dada en marzo, que ya había sido ignorada por las autoridades, lo que ha llevado a los magistrados a advertir sobre la posibilidad de imponer «medidas coercitivas» si no se cumplen las exigencias.
### La situación actual de los menores migrantes
Los menores migrantes que llegan a Canarias, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad extrema, se encuentran en un limbo legal que les impide acceder a los derechos que les corresponden como solicitantes de asilo. Según el Tribunal Supremo, hasta la fecha no se ha evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos desde la orden inicial, lo que ha generado una situación de incertidumbre y desprotección.
Los magistrados han subrayado que la Administración estatal no ha mostrado un compromiso efectivo para garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que les corresponden. La falta de recursos y la masificación en la tramitación de solicitudes son factores que agravan la situación, impidiendo que los menores reciban la atención adecuada que necesitan.
La resolución del Tribunal también detalla los derechos que deben ser garantizados a estos menores, que van más allá de la asistencia material que actualmente proporciona la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata de derechos fundamentales que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado, especialmente en el caso de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
### Medidas exigidas por el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha establecido una serie de medidas concretas que el Gobierno debe implementar en un plazo improrrogable. Entre ellas, se destaca la necesidad de dotar a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de solicitudes de asilo con los recursos humanos y materiales necesarios para que estas solicitudes sean formalizadas y resueltas en un plazo razonable. Se estipula que no debe transcurrir más de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar protección internacional y la formalización de la solicitud.
Además, se requiere que en un plazo de 15 días se articule una colaboración efectiva con la Comunidad Autónoma de Canarias, facilitando los recursos necesarios para garantizar que los menores tengan acceso a un sistema de acogida adecuado. Esta colaboración debe incluir un calendario de reuniones y la identificación de responsables en cada uno de los Ministerios implicados.
La falta de cumplimiento de estas medidas podría llevar a la imposición de sanciones, lo que subraya la gravedad de la situación y la urgencia de una respuesta efectiva por parte del Estado. La comunicación del Tribunal también establece que se deberá informar a la Sala cada 15 días sobre el avance en la implementación de estas medidas, lo que permitirá un seguimiento más riguroso de la situación.
La intervención del Tribunal Supremo pone de manifiesto la necesidad de una política migratoria más efectiva y humana, que no solo atienda a los aspectos legales, sino que también considere las circunstancias personales de cada menor. La protección de los derechos de los menores migrantes debe ser una prioridad para el Estado, especialmente en un contexto donde la migración es un fenómeno creciente y complejo.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de los desafíos que enfrenta España y Europa en su conjunto en materia de migración y asilo. La presión sobre los sistemas de acogida y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva son más relevantes que nunca. La resolución del Tribunal Supremo es un paso importante hacia la protección de los derechos de estos menores, pero queda por ver si el Gobierno cumplirá con las exigencias y garantizará un futuro más seguro y digno para ellos.
