La reciente dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE ha desatado un torbellino de reacciones en el panorama político español. Su implicación en una trama de presunto cobro de comisiones ilegales ha llevado a los aliados parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez a exigir una mayor transparencia y a poner en entredicho la confianza que habían depositado en el Ejecutivo. Este episodio no solo ha sacudido las bases del PSOE, sino que también ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre los partidos nacionalistas de izquierda y su relación con el Gobierno central.
### La Crisis de Confianza en el Gobierno
La situación actual ha llevado a los partidos que apoyan al Gobierno a advertir que su respaldo futuro estará condicionado a una «tolerancia cero» con la corrupción. En este contexto, los partidos nacionalistas de izquierda se encuentran en una encrucijada. Por un lado, deben mantener su imagen de defensores de la justicia social y la lucha contra la corrupción, mientras que, por otro, su agenda política incluye la descentralización y, en algunos casos, la desmembración del Estado español. Esta dualidad les obliga a navegar en aguas turbulentas, donde cualquier error podría costarles caro en términos de apoyo popular y político.
El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha sido claro al señalar que la relación entre su partido y el Gobierno está «muy dañada». La secretaria general de ERC y líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha exigido a Pedro Sánchez que asuma una postura más activa y transparente en la crisis actual. Alamany ha criticado la respuesta inicial del presidente, calificándola de «emocional pero no política», y ha dejado claro que el futuro apoyo de ERC dependerá de que el caso de Cerdán sea aislado y que se tomen medidas efectivas para restaurar la confianza.
### La Reacción de los Nacionalistas y la Lucha por la Honestidad
Desde EH Bildu, su secretario general, Arnaldo Otegi, ha exigido al PSOE que aborde la situación con «absoluta transparencia y honestidad política». Otegi ha subrayado que la lucha contra la corrupción es un principio irrenunciable para su partido, y ha marcado distancias con el PSOE al afirmar que «ningún caso de corrupción afecta a nuestra gestión política e institucional». Esta postura no solo busca distanciar a EH Bildu de las acusaciones que rodean al PSOE, sino que también refuerza su imagen como un partido comprometido con la ética en la política.
Por su parte, Compromís ha intentado desvincular sus negociaciones con Sumar de la crisis en el PSOE, aunque ha dejado claro que sus exigencias para continuar en el grupo plurinacional son firmes. La coalición valencianista ha solicitado libertad de voto y autonomía para negociar con el Gobierno, además de exigir la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso. Esta situación refleja la complejidad de las relaciones entre los partidos que apoyan al Gobierno, donde cada uno busca maximizar sus beneficios políticos sin perder de vista la necesidad de mantener la estabilidad del Ejecutivo.
El BNG también ha expresado su descontento con la situación, afirmando que las explicaciones de Sánchez sobre el caso Cerdán son insuficientes. La portavoz de Feminismo e Igualdade del BNG, Noa Presas, ha subrayado que el apoyo de su partido al PSOE es «puntual» y está sujeto a un acuerdo de investidura. Presas ha exigido una «tolerancia cero con la corrupción y máxima transparencia», lo que pone de relieve la presión que los partidos nacionalistas ejercen sobre el Gobierno en un momento crítico.
La dimisión de Santos Cerdán ha abierto una nueva grieta en la ya compleja arquitectura de apoyos del Gobierno de coalición, poniendo de manifiesto que la cuestión de la corrupción sigue siendo un factor determinante en la política española. La sombra de la corrupción no solo afecta la estabilidad del Gobierno, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de los partidos que lo sustentan. En un contexto donde la confianza se resquebraja, los nacionalistas progresistas deben encontrar un equilibrio entre su lucha contra la corrupción y sus objetivos políticos más amplios, lo que podría resultar en un desafío significativo en los próximos meses.
