La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido objeto de críticas en los últimos años, especialmente en lo que respecta a su capacidad para gestionar las empresas públicas bajo su control. En este artículo, exploraremos la situación actual de la SEPI, su enfoque en la inversión y el impacto que esto tiene en la economía y el empleo en España.
### La Naturaleza de la Inversión Pública
La SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo gestionar las participaciones del Estado en diversas empresas. Sin embargo, la distinción entre invertir y simplemente adquirir acciones de empresas ya existentes es crucial. Invertir implica destinar recursos a la expansión y desarrollo de un negocio, lo que a menudo resulta en la creación de empleo. Por otro lado, comprar acciones de una empresa ya establecida, como ha sido el caso con Telefónica, no necesariamente contribuye a la creación de nuevos puestos de trabajo. En este sentido, la SEPI ha sido acusada de priorizar el control sobre la inversión real.
En sus cuentas anuales de 2024, la SEPI reportó inversiones por 324 millones de euros, un aumento del 9% respecto al año anterior. Sin embargo, este monto contrasta drásticamente con los más de 2.000 millones de euros que se destinaron a adquirir el 10% del capital de Telefónica. Este tipo de transacciones no solo no generan empleo, sino que, en ocasiones, pueden llevar a ajustes de plantilla, como se ha mencionado en el caso de la operadora, que contempla la reducción de aproximadamente 6.000 puestos de trabajo. La pregunta que surge es: ¿realmente está la SEPI cumpliendo su función de fomentar el desarrollo económico del país?
### La Situación de Correos y Otras Empresas Públicas
Uno de los ejemplos más evidentes del fracaso en la gestión pública es Correos, una de las empresas más antiguas del holding estatal. Durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, Correos acumuló pérdidas superiores a 1.200 millones de euros en un periodo de cinco años y medio. A pesar de esta situación, en 2024, la empresa continuó en números rojos, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad de la SEPI para gestionar eficientemente las empresas bajo su control.
En 2024, Correos recibió una inyección de capital de aproximadamente 3.900 millones de euros, además de un aumento en la financiación estatal de 250 millones. Este tipo de medidas, aunque necesarias para evitar un colapso total, evidencian una falta de estrategia a largo plazo. La dependencia de inyecciones de capital del Estado sugiere que la gestión actual no es sostenible y que se requiere un cambio radical en la forma en que se administran estas empresas.
La SEPI, por su parte, reportó una pérdida de 501 millones de euros en 2024, a pesar de alcanzar una facturación récord de 6.355 millones, un 7,5% más que en 2023. Este contraste entre ingresos y pérdidas plantea interrogantes sobre la eficiencia operativa de la entidad. Si bien se puede argumentar que la SEPI está generando ingresos, la realidad es que estos no se traducen en un beneficio neto, lo que pone de manifiesto la ineficiencia en la gestión de sus activos.
### Reflexiones sobre la Gestión Pública
La situación actual de la SEPI y sus empresas asociadas es un claro reflejo de los problemas más amplios que enfrenta la gestión pública en España. La falta de una estrategia clara y la dependencia de la financiación estatal para cubrir pérdidas son signos de una gestión que no está alineada con los intereses del contribuyente. En un contexto donde el dinero público es limitado, es fundamental que las entidades estatales actúen con responsabilidad y transparencia.
La crítica a la SEPI no es solo una cuestión de gestión empresarial, sino que también tiene implicaciones sociales y económicas. La creación de empleo y el desarrollo sostenible deben ser prioridades en la agenda pública. Si la SEPI continúa en su camino actual, es probable que la percepción pública sobre la eficacia del gobierno en la gestión de empresas estatales siga deteriorándose.
En resumen, la SEPI enfrenta un desafío significativo en su papel como gestora de participaciones estatales. La necesidad de una revisión profunda de su estrategia y operaciones es más urgente que nunca. La sociedad española merece una gestión pública que no solo se enfoque en el control, sino que también promueva el crecimiento y la creación de empleo, asegurando así un futuro más próspero para todos.
