El pasado 15 de julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta iniciativa, que busca adaptar la legislación vigente a las nuevas realidades demográficas y sociales, ha suscitado tanto esperanzas como inquietudes en el sector. A continuación, se analizan los aspectos más relevantes de esta nueva normativa y las preocupaciones que han surgido en torno a su implementación.
### Avances en Derechos y Servicios
Uno de los puntos más destacados de la nueva ley es el reconocimiento de los servicios sociales como esenciales. Este cambio es considerado un avance significativo, ya que establece un marco más sólido para la atención a las personas dependientes. Además, la inclusión de la teleasistencia como un derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia es un paso positivo que podría mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos. La ley también contempla la provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, así como el fomento de la investigación y la innovación en el ámbito de la dependencia.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha valorado positivamente estos avances, señalando que la modernización del marco legal es necesaria para responder a las demandas actuales. Sin embargo, a pesar de estos logros, persisten serias dudas sobre la viabilidad de la ley y su capacidad para cumplir con las expectativas generadas.
### Preocupaciones sobre la Profesionalización y la Equidad de Género
Uno de los aspectos más críticos que ha señalado AESTE es la falta de claridad en la implementación de algunos servicios clave, como la asistencia personal y los cuidados en viviendas. La asociación advierte que el anteproyecto podría crear expectativas en los ciudadanos que, a corto y medio plazo, las comunidades autónomas no podrán satisfacer. Esto podría resultar en una brecha entre lo prometido y lo que realmente se puede ofrecer, afectando a las personas dependientes que necesitan atención inmediata.
Además, existe una preocupación creciente sobre el impacto que la nueva normativa podría tener en la profesionalización del sector. Con más del 80% de los permisos y excedencias por cuidado recayendo en mujeres, la posibilidad de que la ley priorice los cuidados no profesionales podría agravar desigualdades de género ya existentes. AESTE ha señalado que el riesgo de desprofesionalización es alto, lo que podría llevar a una atención de menor calidad para las personas dependientes.
La ampliación de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, tal como se contempla en el anteproyecto, podría desviar la atención de los cuidados especializados que requieren las personas mayores. Esto plantea un dilema importante: ¿cómo equilibrar la necesidad de atención profesional con la creciente demanda de cuidados en el hogar?
### Un Diálogo Necesario
AESTE ha criticado la falta de un verdadero espacio de diálogo sectorial durante el proceso legislativo. A pesar de que se han cumplido los trámites formales, la asociación considera que no se ha buscado un consenso real con los actores del sistema. Este diálogo es esencial para garantizar la sostenibilidad y la cobertura efectiva para todas las personas en situación de dependencia.
Casi dos décadas después de la aprobación de la Ley 39/2006, la actualización era necesaria para abordar los nuevos retos sociales y demográficos. Aunque AESTE valora positivamente la promoción de la autonomía personal y el impulso a prestaciones que permitan a las personas permanecer en sus hogares, enfatiza que para que este enfoque sea realmente efectivo, debe garantizarse una cobertura suficiente basada en cuidados profesionales de calidad.
El desarrollo de esta nueva ley debe hacerse con responsabilidad, priorizando la profesionalización y la sostenibilidad del sistema de cuidados. Solo así se podrá consolidar un marco que ofrezca servicios y coberturas adecuadas para enfrentar los retos presentes y futuros en el ámbito de la dependencia. La pregunta que queda en el aire es si la nueva Ley de Dependencia logrará equilibrar la ambición de derechos con la necesidad de garantizar la calidad y sostenibilidad de los cuidados. El sector espera respuestas claras y efectivas que puedan dar solución a estas inquietudes.
