El pasado 15 de julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta nueva legislación ha suscitado un amplio debate en la sociedad española, generando tanto expectativas como preocupaciones. Mientras algunos celebran el reconocimiento de nuevos derechos y servicios, otros advierten sobre los riesgos de desprofesionalización y desigualdad que podría acarrear. A continuación, se analizan los aspectos más destacados de esta ley y las inquietudes que ha generado en el sector.
**Nuevos Derechos y Servicios: Un Avance Necesario**
Uno de los puntos más aclamados por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) es el reconocimiento de los servicios sociales como servicios esenciales. Este cambio es considerado un paso crucial para la dignificación del sector, que ha enfrentado históricamente una falta de recursos y reconocimiento. Además, la inclusión de la teleasistencia como derecho subjetivo para las personas dependientes es vista como una mejora significativa, ya que podría facilitar el acceso a servicios de apoyo y mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos.
La ley también introduce nuevos servicios, como la provisión de productos de apoyo para la autonomía personal y el fomento de la investigación y la innovación en el ámbito de la dependencia. Estos avances son valorados positivamente, ya que modernizan el marco de atención y buscan adaptarse a las necesidades cambiantes de la población.
Sin embargo, a pesar de estos avances, la AESTE ha expresado su preocupación por la viabilidad de la implementación de la ley. La falta de claridad en la ejecución de algunos servicios clave, como la asistencia personal y los cuidados en viviendas, podría generar expectativas que no se cumplan. Esto es especialmente relevante en un contexto donde las comunidades autónomas deben estar preparadas para asumir estos nuevos servicios con garantías de calidad.
**Desigualdad de Género y Desprofesionalización: Riesgos Latentes**
Uno de los aspectos más críticos que ha surgido en el debate sobre la nueva ley es el impacto que podría tener en la profesionalización del sector y en la equidad de género. AESTE ha alertado sobre el riesgo de que la normativa priorice los cuidados no profesionales, lo que podría agravar las desigualdades existentes. Actualmente, más del 80% de los permisos y excedencias por cuidado recaen en mujeres, lo que pone de manifiesto la carga desproporcionada que enfrentan en el ámbito del cuidado.
La ampliación de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, tal como se contempla en el anteproyecto, podría llevar a que las personas mayores no reciban la atención especializada que requieren. Esto no solo afectaría la calidad de los cuidados, sino que también podría desincentivar la profesionalización en un sector que ya enfrenta desafíos significativos en términos de reconocimiento y recursos.
AESTE ha subrayado la importancia de garantizar que la nueva ley no se traduzca en una sobrecarga para los cuidadores no profesionales, quienes ya enfrentan una presión considerable. La estigmatización de los servicios residenciales, que seguirán siendo imprescindibles, también es un punto de preocupación. La ley debe ser capaz de equilibrar la promoción de la autonomía personal con la necesidad de cuidados profesionales de calidad.
**Falta de Diálogo y Consenso en el Proceso Legislativo**
Otro aspecto que ha generado críticas es la falta de un verdadero espacio de diálogo sectorial durante el proceso legislativo. A pesar de que se han cumplido los trámites formales, AESTE ha señalado que no se ha buscado un consenso real con los actores del sistema, lo que es esencial para garantizar la sostenibilidad y la cobertura efectiva para todas las personas en situación de dependencia.
Casi dos décadas después de la aprobación de la Ley 39/2006, la actualización era necesaria para responder a los nuevos retos sociales y demográficos. Sin embargo, para que esta nueva normativa sea realmente efectiva, debe garantizar una cobertura suficiente basada en cuidados profesionales de calidad y con la intensidad necesaria. Esto implica no solo un compromiso político, sino también una colaboración activa entre todos los actores involucrados en el sistema de atención a la dependencia.
En resumen, la nueva Ley de Dependencia en España presenta tanto oportunidades como desafíos. Si bien se reconocen avances significativos en términos de derechos y servicios, las preocupaciones sobre la desprofesionalización y la desigualdad de género no pueden ser ignoradas. El éxito de esta ley dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del sistema para adaptarse a las necesidades de una población en constante cambio.
