La sanidad penitenciaria en España se encuentra en una situación crítica, marcada por la falta de atención y la inacción tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas. Desde hace más de dos décadas, la ley que establece la transferencia de los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias a los sistemas de salud autonómicos no se ha cumplido, lo que ha llevado a una atención deficiente para los internos y a un aumento en los riesgos de seguridad durante los traslados.
### La Falta de Atención Sanitaria en las Prisiones
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado que, a pesar de que la transferencia de competencias en sanidad penitenciaria podría mejorar significativamente la atención médica de los internos, el Gobierno y las autonomías han mostrado una falta de voluntad para llevar a cabo esta medida. Según datos proporcionados por la AUGC, más de 17,000 consultas y pruebas médicas han sido canceladas en los últimos ocho años debido a la falta de personal para realizar los traslados. Esta situación no solo afecta a los internos, sino que también pone en riesgo la seguridad de los agentes encargados de los traslados y del personal sanitario.
En 2024, las evasiones de presos en centros hospitalarios se triplicaron, representando el 60% de todas las fugas registradas. Este aumento ha generado preocupación entre los cuerpos de seguridad y el personal médico, quienes enfrentan situaciones de riesgo al tener que atender a internos en entornos hospitalarios. La falta de un sistema de atención sanitaria adecuado en las prisiones no solo afecta a los internos, sino que también compromete la seguridad de la sociedad en general.
### Inacción y Desinterés por Parte de las Autonomías
A pesar de las numerosas solicitudes y reuniones mantenidas por la AUGC con los gobiernos autonómicos, la respuesta ha sido desalentadora. Por ejemplo, el Gobierno de Castilla y León ha rechazado iniciar negociaciones para el traspaso de funciones, argumentando que no podría garantizar la calidad de la atención sanitaria sin perjudicar económicamente a la comunidad. Esta postura refleja una falta de compromiso para abordar un problema que afecta a miles de internos en el país.
La situación es similar en otras comunidades autónomas. En la Región de Murcia, el gobierno ha indicado que está en fase de estudio la propuesta del Gobierno central, mientras que en La Rioja no se contempla iniciar negociaciones. Extremadura ha rechazado avanzar en el traspaso de competencias, alegando que la situación actual de los servicios de medicina penitenciaria es precaria. Por su parte, el Gobierno de Andalucía ha optado por no responder a la propuesta del Ministerio, lo que evidencia una falta de interés en resolver esta problemática.
La AUGC ha señalado que la inacción no solo recae en las autonomías, sino también en el Gobierno central, que ha mostrado una falta de iniciativa para concretar las condiciones necesarias para la transferencia de competencias. A pesar de que la ley 16/2003 establece la obligación de transferir estos servicios, el Gobierno ha limitado sus acciones a enviar cartas anuales a las comunidades autónomas, sin realizar esfuerzos reales para materializar el traspaso.
### Condiciones Laborales Precarias para los Profesionales de la Salud
La situación de la sanidad penitenciaria se agrava aún más por las condiciones laborales de los médicos que trabajan en las prisiones. Actualmente, aproximadamente 150 médicos deben atender a cerca de 56,000 internos, lo que significa que el número de facultativos es insuficiente para cubrir las necesidades de atención médica. La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) ha señalado que el 80% de estos médicos están cerca de la jubilación y que solo se está cubriendo el 10% de las plazas ofertadas, lo que genera una sobrecarga de trabajo para los pocos profesionales disponibles.
Además, muchos centros penitenciarios han tenido que recurrir a la contratación de servicios de sanidad privada, lo que implica un gasto significativo que podría haberse utilizado para mejorar los servicios de salud en las prisiones. Esta situación no solo es insostenible, sino que también pone en evidencia la falta de atención que se ha prestado a la sanidad penitenciaria en España.
La falta de voluntad política para abordar la sanidad penitenciaria ha llevado a un sistema que no solo es ineficaz, sino que también pone en riesgo la salud y la seguridad de los internos, del personal sanitario y de la sociedad en general. La necesidad de una reforma integral en este ámbito es urgente, y es fundamental que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas asuman su responsabilidad y trabajen juntos para garantizar una atención sanitaria digna y adecuada para todos los internos en el país.
