En el contexto político actual de España, la discusión sobre los pluses económicos que reciben los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Euskadi y Navarra ha cobrado relevancia. A pesar de que han pasado más de diez años desde el fin de ETA, los privilegios y beneficios que se instauraron durante los años más difíciles del conflicto permanecen intactos. Esta situación ha llevado a los socios parlamentarios del PSOE a exigir la eliminación de estos incentivos, generando un debate que pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas de seguridad en estas comunidades.
### Orígenes de los Pluses y su Mantenimiento
Los complementos salariales que reciben los agentes en Euskadi y Navarra fueron establecidos en un contexto de alta tensión y violencia. En 1984, el Gobierno socialista de Felipe González promulgó una orden ministerial que otorgaba estos beneficios a los miembros de las fuerzas de seguridad que prestaban servicio en zonas consideradas conflictivas. La normativa fue diseñada para compensar los riesgos asociados a su labor en un entorno marcado por la actividad terrorista de ETA.
Sin embargo, a pesar de que el conflicto armado ha finalizado, la normativa que regula estos pluses sigue vigente. En marzo de 2024, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, confirmó que los agentes continúan recibiendo complementos por peligrosidad y territorialidad, que en 2020 supusieron un gasto público de 43,7 millones de euros. Esta cifra refleja la magnitud del desembolso que el Estado sigue realizando en un contexto que ha cambiado drásticamente.
La insistencia de Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, en el Congreso para que se revisen o eliminen estos pluses ha puesto de manifiesto la creciente presión sobre el Gobierno. Sin embargo, la respuesta del Ministerio ha sido escueta y evasiva, lo que ha generado descontento entre los aliados del PSOE, quienes consideran que mantener estos privilegios es incoherente con el discurso de normalización institucional en el País Vasco.
### Privilegios Adicionales y Críticas
Además de los complementos económicos, los agentes destinados en Euskadi y Navarra disfrutan de una serie de privilegios que no están disponibles para sus colegas en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, aquellos que permanecen en estas regiones durante al menos tres años tienen derecho a recibir la cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo con distintivo blanco, un reconocimiento que normalmente se otorga a trayectorias destacadas. Este tipo de incentivos ha sido objeto de críticas, ya que se perciben como un trato preferencial en comparación con otros cuerpos policiales en el país.
Asimismo, la normativa interna de la Guardia Civil establece que los agentes destinados en Euskadi o Navarra disfrutan de 11 días hábiles más de vacaciones, además de tres días adicionales por asuntos propios por cada año completo de servicio. En el caso de la Policía Nacional, una circular interna de 1981 permite a los jefes superiores de Bilbao y Navarra conceder permisos especiales de descanso adicionales, lo que puede duplicar el tiempo de vacaciones de estos agentes en comparación con sus compañeros en otras regiones.
La existencia de estos privilegios ha generado un creciente malestar entre los aliados del Gobierno, quienes argumentan que es necesario ser coherentes con el proceso de normalización que se ha llevado a cabo en el País Vasco. Formaciones políticas como Podemos y el BNG han expresado su apoyo a la revisión de estos beneficios, señalando que su mantenimiento podría convertirse en un nuevo foco de conflicto interno para el PSOE.
A pesar de las críticas y la presión política, el Gobierno ha mostrado reticencia a abordar este tema. La posibilidad de abrir un debate sobre la eliminación de estos pluses podría generar tensiones con los cuerpos policiales y sectores conservadores, lo que ha llevado a una postura de cautela por parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, el descontento entre los socios parlamentarios del PSOE sigue creciendo, lo que podría forzar al Gobierno a reconsiderar su posición en el futuro.
La situación actual pone de manifiesto la complejidad de la política de seguridad en España y la necesidad de adaptar las normativas a un contexto que ha cambiado significativamente. La discusión sobre los pluses a policías en Euskadi y Navarra no solo es una cuestión económica, sino que también refleja las tensiones políticas y sociales que persisten en el país. A medida que avanza el debate, será crucial observar cómo el Gobierno maneja esta situación y si finalmente se tomarán medidas para revisar o eliminar estos beneficios que han sido objeto de controversia durante años.
