La situación de Correos se ha convertido en un tema candente en el panorama político y económico español. Recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido objeto de críticas por la modificación de la Ley Postal, que ha suscitado la preocupación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta modificación ha otorgado competencias de supervisión a otras autoridades, lo que ha llevado a la CNMC a reafirmar su papel como el único regulador de los servicios postales con obligación de servicio público. La CNMC ha expresado su descontento, argumentando que la supervisión de estos servicios debe ser centralizada y no fragmentada entre diferentes organismos.
La modificación de la Ley Postal también ha implicado un cambio en la metodología de cálculo del coste neto de las compensaciones que recibe Correos por la prestación del servicio postal universal. Este cambio ha generado inquietud, ya que se prevé un aumento significativo en las compensaciones, lo que podría agravar aún más la situación financiera de la empresa pública. En 2024, Correos reportó pérdidas de 458,5 millones de euros, un incremento alarmante en comparación con los 120,3 millones de euros del año anterior. Esta situación ha llevado a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) a enfrentar pérdidas acumuladas que alcanzan los 501 millones de euros.
### La Respuesta del Gobierno y las Implicaciones Económicas
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por mejorar la situación de Correos, los resultados han sido decepcionantes. Pedro Saura, quien asumió la dirección de Correos, ha intentado implementar cambios que, según él, deberían haber llevado a una mejora en la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, los informes anuales reflejan que las pérdidas han aumentado, en parte debido a la provisión para el Plan de Salidas Voluntarias, que costará 427,9 millones de euros. Este plan prevé la prejubilación de hasta 10,000 empleados, lo que representa un costo significativo para el Estado y, por ende, para los contribuyentes.
La situación se complica aún más con la tendencia a la baja en el negocio tradicional de Correos, que se ha visto afectado por la creciente digitalización. El envío de cartas, que históricamente ha sido la columna vertebral de la empresa, ha disminuido drásticamente, lo que ha llevado a una reestructuración necesaria pero costosa. A pesar de que algunos informes habían sugerido que Correos había aumentado sus ingresos y reducido sus pérdidas, la realidad es que la empresa se enfrenta a un desafío monumental para adaptarse a un entorno en constante cambio.
### La CNMC y su Rol en la Supervisión del Servicio Postal
La CNMC ha dejado claro que su papel como regulador es crucial para garantizar la transparencia y la eficiencia en la prestación de servicios postales. La modificación de la Ley Postal ha suscitado preocupaciones sobre la fragmentación de la supervisión, lo que podría llevar a una falta de responsabilidad y a un aumento de los costos para los contribuyentes. La CNMC ha defendido su posición, argumentando que debe ser la única autoridad encargada de supervisar los servicios postales con obligación de servicio público y de fijar las compensaciones correspondientes.
El debate sobre la supervisión de Correos no solo es un asunto técnico, sino que también tiene implicaciones políticas significativas. La capacidad del Gobierno para manejar esta crisis afectará su imagen y su credibilidad ante la opinión pública. La CNMC, por su parte, se enfrenta al desafío de mantener su independencia y autoridad en un contexto donde las decisiones políticas pueden influir en su capacidad para regular de manera efectiva.
La situación de Correos es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el sector público en España. La necesidad de adaptarse a un entorno digital, la presión sobre las finanzas públicas y la importancia de una regulación efectiva son temas que requieren atención urgente. A medida que el Gobierno y la CNMC navegan por estas aguas turbulentas, la forma en que se maneje la crisis de Correos podría sentar un precedente para futuras reformas en el sector público.
