El reciente debate sobre el endurecimiento de las penas para quienes provocan incendios forestales ha cobrado relevancia en el contexto español, especialmente tras las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Este artículo explora las posturas de diferentes actores involucrados en la problemática de los incendios, así como las estadísticas y las causas que subyacen a este fenómeno devastador.
La propuesta de Moreno Bonilla de aumentar las penas para los llamados «pirómanos» ha generado reacciones diversas. En su intervención, el presidente andaluz enfatizó la necesidad de un Código Penal más severo, argumentando que las penas actuales no son disuasorias. Sin embargo, organizaciones como Greenpeace y WWF han manifestado su desacuerdo con esta perspectiva, sugiriendo que el enfoque debería centrarse en mejorar los recursos y la capacidad de investigación en lugar de simplemente aumentar las sanciones.
### La Realidad de las Penas Actuales
El Código Penal español ya contempla penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que provoquen incendios que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas. A pesar de esto, las ONG argumentan que el problema no radica en la severidad de las penas, sino en la dificultad de aplicar la ley de manera efectiva. Mónica Parrilla de Diego, ingeniera forestal y portavoz de Greenpeace, señala que la clave está en dotar de más recursos a las fiscalías y al Seprona, así como en mejorar la investigación de los incendios.
Las estadísticas de WWF revelan que un 53% de los incendios en España son intencionados, mientras que un 28% se deben a negligencias. Solo un 7,17% de los incendios son causados por pirómanos en el sentido estricto de la palabra. Esto sugiere que el enfoque en aumentar las penas podría ser ineficaz si no se aborda la raíz del problema, que incluye la falta de educación sobre el uso del fuego y la necesidad de alternativas sostenibles.
### La Dificultad de la Investigación
Uno de los principales obstáculos en la lucha contra los incendios forestales es la dificultad de obtener pruebas que permitan identificar a los responsables. La investigación de un incendio es un proceso complejo que requiere la recolección de evidencias en condiciones adversas y en áreas extensas. Esto, combinado con la falta de personal especializado, hace que muchos casos queden sin resolver. La Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía del año 2023 destaca que persiste la dificultad de acreditar la responsabilidad de los hechos delictivos.
Las cifras de la Fiscalía General del Estado entre 2020 y 2024 muestran que, aunque se abren numerosas diligencias de investigación, el número de condenas es relativamente bajo. En 2024, por ejemplo, se abrieron 664 diligencias, pero solo se lograron 95 sentencias condenatorias. Esto pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral que no solo contemple el endurecimiento de las penas, sino también la mejora en la capacidad de investigación y la formación de los agentes encargados de combatir estos delitos.
### Alternativas a la Penalización
Las organizaciones ecologistas proponen que, en lugar de centrarse en el endurecimiento de las penas, se debería invertir en educación y sensibilización sobre el uso del fuego y sus consecuencias. Esto incluye la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la implementación de programas de prevención que aborden las causas subyacentes de los incendios. La educación sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales puede ser una herramienta poderosa para reducir la incidencia de incendios.
Además, es fundamental que se realicen investigaciones más profundas sobre las causas de los incendios, especialmente aquellos que se originan por negligencia o intencionalidad. La recopilación de datos precisos y la identificación de patrones pueden ayudar a desarrollar estrategias más efectivas para prevenir futuros incidentes.
### La Necesidad de Recursos Adecuados
La falta de recursos es un tema recurrente en el debate sobre la gestión de incendios forestales. Las ONG han señalado que, para que las penas sean realmente disuasorias, es necesario reforzar la investigación y dotar a las fiscalías de medio ambiente de más personal y medios técnicos. Esto incluye la formación de especialistas en la investigación de incendios y la implementación de técnicas forenses adaptadas a este tipo de delitos.
La colaboración entre diferentes organismos, como las administraciones locales, las fuerzas de seguridad y las organizaciones ecologistas, es crucial para abordar la problemática de los incendios de manera efectiva. La creación de redes de información y la promoción de la participación ciudadana en la vigilancia y prevención de incendios pueden ser pasos importantes hacia una gestión más eficaz.
### Reflexiones Finales
El debate sobre el endurecimiento de las penas por incendios forestales en España pone de manifiesto la complejidad de esta problemática. Si bien la intención de aumentar las sanciones puede parecer una solución atractiva, es fundamental considerar un enfoque más holístico que aborde las causas subyacentes y mejore la capacidad de respuesta ante estos desastres. La educación, la sensibilización y la inversión en recursos son elementos clave que deben ser parte de cualquier estrategia destinada a combatir los incendios forestales y proteger el medio ambiente.
