La lucha contra los incendios forestales en España se ha convertido en un tema de gran relevancia, especialmente en un contexto donde las llamas arrasan vastas extensiones de terreno cada año. La extinción de incendios es una competencia que recae en las comunidades autónomas, las cuales deben alquilar aeronaves para combatir el fuego. Sin embargo, este proceso ha revelado un patrón preocupante: un oligopolio que controla la mayoría de los contratos de extinción aérea, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
### La Estructura del Oligopolio en la Extinción de Incendios
La Ley de Montes y sus estatutos asociados establecen que las comunidades autónomas son responsables de la extinción de incendios, lo que implica la necesidad de contratar aeronaves para este fin. En total, se estima que cada año se alquilan alrededor de 200 helicópteros y aviones para combatir incendios, y la mayoría de estos contratos son adjudicados a un reducido grupo de empresas. Este fenómeno ha llevado a la creación de un oligopolio que, según el Ministerio de Transición Ecológica, se ha consolidado en el sector.
Las principales empresas que dominan este mercado son Avincis, Pegasus Aero Group y Sky Helicópteros, quienes se reparten la mayoría de los contratos. Avincis, en particular, es la empresa con la mayor flota y plantilla, y ha conseguido una parte significativa de los contratos de emergencias e incendios del Gobierno central. Por su parte, Pegasus se ha convertido en el operador preferido en varias comunidades autónomas, mientras que Sky Helicópteros ha logrado establecerse en Baleares y Madrid.
Este oligopolio no solo afecta la competencia en el sector, sino que también tiene implicaciones financieras significativas. En los últimos dos años, las once comunidades autónomas más grandes han adjudicado más de 384 millones de euros a estas empresas para la extinción de incendios. A esto se suman otros 270 millones que el Ministerio de Transición Ecológica paga a estas mismas empresas, lo que eleva el total a casi 654 millones de euros en recursos públicos destinados a la lucha contra incendios.
### Inversiones y Contratos en las Comunidades Autónomas
El gasto en la lucha contra incendios varía significativamente entre las comunidades autónomas, siendo Andalucía la que destina la mayor cantidad de recursos. Con un presupuesto de 83,92 millones de euros, Andalucía ha adjudicado un macrocontrato de 62,53 millones dividido en cuatro lotes, de los cuales Pegasus ha ganado tres. Además, Martínez Ridao Aviación ha conseguido un contrato adicional para suministrar aviones anfibios a la Junta de Andalucía.
Cataluña sigue a Andalucía en términos de inversión, con 67,7 millones de euros destinados a un solo contrato que abarca 19 helicópteros y dos aviones anfibios. Galicia, que ha sido históricamente una de las comunidades más afectadas por incendios, ha asignado 48,16 millones de euros hasta 2027, incluyendo contratos para alquilar helicópteros y aviones de carga.
Otras comunidades, como Castilla-La Mancha y Castilla y León, también han realizado inversiones significativas, con 47,13 millones y 45,43 millones de euros respectivamente. En estos casos, los contratos han sido modificados para extender su duración y aumentar su importe, lo que refleja una dependencia continua de estas empresas para la extinción de incendios.
El caso de la Comunitat Valenciana es interesante, ya que ha optado por contratos bianuales que suman 21,2 millones de euros, mientras que Extremadura y Madrid han asignado presupuestos similares, de 20,42 millones y 15,15 millones respectivamente. En el caso de Madrid, la mayoría de los contratos son con Sky Helicópteros y Pegasus, lo que refuerza la concentración del mercado en pocas manos.
### La Necesidad de Diversificación y Transparencia
La situación actual plantea serias preguntas sobre la necesidad de diversificar los proveedores de servicios aéreos para la extinción de incendios. La dependencia de un pequeño número de empresas no solo limita la competencia, sino que también puede afectar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La falta de transparencia en la adjudicación de contratos también es un tema preocupante, ya que puede dar lugar a prácticas poco éticas y a un uso ineficiente del dinero público.
Es fundamental que las comunidades autónomas reconsideren su enfoque hacia la contratación de servicios aéreos para la extinción de incendios. La creación de un marco más competitivo podría no solo reducir costos, sino también mejorar la calidad del servicio. Además, la implementación de auditorías y mecanismos de control más estrictos podría ayudar a garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva y que se cumplan los estándares de calidad necesarios en la lucha contra incendios.
La lucha contra los incendios forestales es un desafío que requiere un enfoque integral y colaborativo. La diversificación de proveedores y la promoción de la competencia en el sector son pasos cruciales para mejorar la eficacia de las operaciones de extinción y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y eficiente. En un momento en que los incendios forestales son cada vez más frecuentes y devastadores, es imperativo que se tomen medidas para asegurar que las comunidades estén adecuadamente equipadas para enfrentar este desafío.
La situación actual en el sector de la extinción de incendios es un claro recordatorio de la importancia de la transparencia, la competencia y la responsabilidad en la gestión de recursos públicos. Solo a través de un enfoque más diversificado y transparente se podrá garantizar una respuesta efectiva y eficiente a uno de los problemas más apremiantes que enfrenta España en la actualidad.
