La apertura del curso académico en la Universidad de Alcalá de Henares se ha visto marcada por un ambiente de tensión y polarización. Este evento, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 2025, reunió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un amplio espectro de la comunidad educativa y manifestantes que exigían cambios significativos en la financiación de la educación pública. La llegada de Ayuso fue recibida con aplausos por parte de algunos vecinos, mientras que otros manifestantes expresaron su descontento con pitos y consignas.
**Tensión entre la Comunidad Educativa y los Manifestantes**
La presidenta madrileña llegó al campus en medio de un ambiente dividido. Por un lado, un grupo de vecinos la recibió con vítores, mientras que, a pocos metros, un nutrido grupo de manifestantes se hacía escuchar con gritos de «universidad pública y de calidad» y «gobierne quien gobierne, la uni se defiende». Estos manifestantes, compuestos por estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa, se oponían a la política de financiación actual y a la propuesta de la nueva Ley de Universidades, que, según ellos, recortaría un 30% de los fondos destinados a la educación superior.
Rodrigo, un estudiante presente en la manifestación, expresó su preocupación por el futuro de la educación pública en Madrid. «La universidad ya está infrafinanciada y con este nuevo borrador de ley se pretende privatizar aún más el sistema», comentó. La situación se tornó aún más compleja con la inclusión de demandas relacionadas con el conflicto en Gaza, donde algunos manifestantes llevaban banderas palestinas, mostrando su solidaridad con la causa.
**El Mensaje del Obispo y la Respuesta de los Sindicatos**
Durante el acto de inauguración, el obispo de Alcalá, Antonio Prieto Lucena, hizo un llamado a la paz, no solo en el contexto de los conflictos internacionales, sino también en la vida cotidiana de la sociedad. Su discurso resonó en un ambiente donde la polarización política y social es cada vez más evidente. «Es urgente renovar nuestra sociedad con la paz», afirmó, haciendo eco de la necesidad de un diálogo constructivo en tiempos de crisis.
Los sindicatos también jugaron un papel crucial en la manifestación. Jesús Escribano, representante de CCOO, destacó que la movilización se organizó para exigir una mayor financiación para la universidad pública, que ha estado sufriendo un modelo de financiación ineficiente durante años. «La falta de recursos afecta tanto a la calidad de la educación como a la investigación», subrayó. Por su parte, Santiago Hermira, de UGT, criticó la situación actual de las universidades, señalando que en los próximos años se espera que una gran parte del personal académico se jubile sin un relevo adecuado, lo que podría agravar aún más la crisis educativa.
La respuesta de la Comunidad de Madrid a las protestas fue contundente. Fuentes del gobierno regional acusaron al delegado del Gobierno de ser «kale borroka» por permitir la manifestación, lo que generó un intercambio de acusaciones entre las autoridades. Francisco Martín, el delegado del Gobierno, respondió a las críticas de Ayuso, defendiendo el derecho a la manifestación y recordando que este no requiere autorización previa en España.
**Un Clamor por la Educación Pública**
La jornada no solo fue un reflejo de la tensión política, sino también de un clamor generalizado por una educación pública de calidad. Los manifestantes, que llevaban pancartas y gritos de protesta, exigían que se priorizara la educación en el presupuesto regional. La situación actual de las universidades públicas en Madrid es crítica, y muchos consideran que la nueva ley podría empeorarla aún más.
La polarización entre los grupos de apoyo a Ayuso y los manifestantes refleja la creciente división en la sociedad española en torno a temas de educación y financiación pública. Mientras algunos abogan por un modelo educativo más privatizado y eficiente, otros defienden la necesidad de mantener y fortalecer la educación pública como un derecho fundamental.
La apertura del curso académico en Alcalá de Henares se convierte así en un microcosmos de las tensiones más amplias que enfrenta la sociedad española, donde la educación, la política y la justicia social se entrelazan de manera compleja. La respuesta de las autoridades y la comunidad educativa a estas demandas será crucial para el futuro de la educación pública en la región.
