En un contexto de creciente debate sobre la memoria histórica en España, el partido político Podemos ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados con el objetivo de anular las condenas que aún permanecen vigentes de los últimos cinco fusilados del franquismo. Esta acción se enmarca en la conmemoración del 50 aniversario de estos trágicos eventos, que tuvo lugar el 27 de septiembre de 1975, menos de un mes antes de la muerte del dictador Francisco Franco. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido la portavoz de esta propuesta, la cual busca presionar al Gobierno para que cumpla con la Ley de Memoria Democrática, que establece la nulidad de todas las condenas y sanciones impuestas durante la Guerra Civil y la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencias religiosas, así como por orientación e identidad sexual.
La Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada en 2022, ha sido objeto de críticas por su implementación, y Belarra ha señalado que el Gobierno actual no está haciendo lo suficiente para aplicar esta legislación de manera efectiva. Hasta la fecha, solo se han anulado dos de las cinco condenas de los fusilados, lo que ha llevado a Podemos a intensificar sus esfuerzos para que se reconozca la injusticia sufrida por estas personas y se restablezca su dignidad.
### Contexto Histórico de los Fusilamientos
Los fusilamientos de septiembre de 1975 fueron un acontecimiento significativo en la historia reciente de España, marcando un periodo de represión política y social bajo el régimen franquista. Entre los condenados se encontraban José Humberto Baena Alonso y José Luis Sánchez Bravo, ambos miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), quienes fueron ejecutados a la edad de 24 y 22 años, respectivamente. La ejecución de estos jóvenes fue parte de una serie de represalias del régimen contra aquellos que se oponían a su autoridad, y su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia en España.
A pesar de que la Ley de Memoria Democrática busca reparar el daño causado por el franquismo, la realidad es que muchas de las condenas aún permanecen vigentes. En este contexto, la iniciativa de Podemos se presenta como un paso necesario para avanzar en la reconciliación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Además de Baena y Sánchez, las condenas de Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegi aún no han sido anuladas. García Sanz, también del FRAP, fue fusilado a los 27 años, mientras que Txiki y Otaegi, militantes de ETA político-militar, fueron ejecutados a los 21 y 33 años, respectivamente.
La falta de anulación de estas condenas ha generado un debate sobre la efectividad de la Ley de Memoria Democrática y la voluntad política del Gobierno para abordar estos temas sensibles. La propuesta de Podemos no solo busca la anulación de las condenas, sino también un reconocimiento más amplio de las injusticias sufridas por aquellos que se opusieron al régimen franquista. La memoria histórica es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años, y la sociedad española se enfrenta a la necesidad de confrontar su pasado para construir un futuro más justo y equitativo.
### Reacciones y Perspectivas Futuras
La iniciativa de Podemos ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y social. Por un lado, muchos apoyan la propuesta como un acto de justicia y reparación hacia las víctimas del franquismo. Sin embargo, también hay quienes critican la medida, argumentando que se trata de un intento de politizar la memoria histórica en un contexto electoral. La polarización en torno a este tema refleja las divisiones aún presentes en la sociedad española respecto a su pasado reciente.
El debate sobre la memoria histórica no se limita a la anulación de condenas; también abarca la necesidad de educar a las nuevas generaciones sobre la historia de España y las consecuencias del franquismo. La Ley de Memoria Democrática establece un marco legal para abordar estas cuestiones, pero su implementación efectiva es crucial para lograr un cambio significativo en la percepción social sobre este periodo oscuro de la historia.
La presión de Podemos sobre el Gobierno para que actúe en este sentido podría ser un catalizador para que otras fuerzas políticas se unan a la causa de la memoria histórica. La anulación de las condenas de los fusilados del franquismo no solo es un acto simbólico, sino que también puede abrir la puerta a un diálogo más amplio sobre la reconciliación y la justicia en España.
En este contexto, la iniciativa de Podemos se convierte en un punto de inflexión en la lucha por la memoria histórica y la justicia social. La sociedad española se encuentra en un momento crucial para abordar su pasado y construir un futuro en el que se reconozcan y respeten los derechos de todas las personas, independientemente de su ideología o creencias. La anulación de las condenas de los fusilados del franquismo es solo un paso en un camino más largo hacia la verdad y la justicia, pero es un paso que muchos consideran necesario y urgente.
