La situación de los menores migrantes en Canarias ha alcanzado un punto crítico, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a intervenir de manera contundente. En un reciente fallo, el Alto Tribunal ha dado un plazo de 15 días al Gobierno español para que asuma la acogida de los menores extranjeros solicitantes de asilo que se encuentran en las islas. Esta medida se enmarca dentro de una serie de requerimientos que el Supremo ha realizado desde marzo, cuando se emitió la primera orden para que el Ejecutivo central se hiciera cargo de la situación de estos menores.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha manifestado su preocupación por el “insuficiente ritmo de ejecución” de la medida cautelar que obliga al Gobierno a acoger a un millar de menores que han llegado a Canarias. Este requerimiento se produce tras un escrito del Gobierno de Canarias que alertaba sobre la situación de hacinamiento en la que se encuentran muchos de estos niños y adolescentes, quienes han llegado a las islas tras realizar peligrosas travesías.
### La situación actual de los menores migrantes en Canarias
Desde el pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo ha emitido varios avisos al Gobierno, instándolo a cumplir con su obligación de acoger a los menores migrantes. En su última comunicación, el Supremo ha dejado claro que el plazo de 15 días es “improrrogable” y que no se aceptarán excusas ni reparos por parte de la Administración General del Estado. Esta decisión se ha tomado en un contexto en el que el Gobierno central ha comenzado a realizar traslados de menores a la península, pero la velocidad de estos traslados ha sido criticada por las autoridades canarias.
Hasta el 21 de octubre, solo 191 menores habían sido trasladados, mientras que 899 permanecían en las instalaciones de atención en Canarias. Esta lentitud ha llevado a la Sala a reprochar al Gobierno que no se haya tomado una decisión firme para integrar a estos menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI). La falta de acción ha generado una situación de hacinamiento que se ha visto agravada por la llegada continua de nuevos menores migrantes.
El Tribunal Supremo ha instado al Gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de estos menores, quienes, en su mayoría, han migrado solos y sin referentes adultos. Muchos de ellos han solicitado protección internacional debido a situaciones de persecución en sus países de origen, lo que aumenta su vulnerabilidad. La situación actual no solo plantea un desafío humanitario, sino que también pone de relieve la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades españolas.
### Requerimientos y advertencias del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo no solo ha exigido al Gobierno que cumpla con su mandato de acoger a los menores, sino que también ha advertido sobre posibles sanciones si no se lleva a cabo esta acción. En junio, el Supremo ya había señalado que podría imponer medidas coercitivas a los responsables si no se cumplían las órdenes. En su último auto, el Tribunal ha recordado que el incumplimiento podría conllevar “apercibimientos” y ha establecido que tanto el Gobierno central como el de Canarias deben informar cada 15 días sobre el progreso en la acogida de estos menores.
La situación de los menores migrantes es especialmente delicada, ya que muchos de ellos han llegado a España tras atravesar rutas migratorias extremadamente peligrosas. Estos niños y adolescentes no solo enfrentan el riesgo de sufrir daños físicos, sino que también están expuestos a situaciones de explotación y abuso. Por lo tanto, la respuesta del Gobierno no solo debe ser rápida, sino también adecuada a las necesidades específicas de este grupo vulnerable.
El Tribunal ha dejado claro que lo más importante es garantizar el interés superior del menor, lo que implica que las decisiones tomadas deben priorizar su bienestar y protección. Esto significa que, aunque el Gobierno tenga la intención de seguir ciertos criterios en la reforma de la ley de extranjería, lo fundamental es que se actúe con celeridad para evitar que la situación de hacinamiento y vulnerabilidad de estos menores se agrave aún más.
La presión sobre el Gobierno para que actúe de manera efectiva y rápida es cada vez mayor. Las autoridades canarias han expresado su preocupación por la posibilidad de que la lentitud en los traslados y la falta de recursos adecuados puedan tener consecuencias graves para los menores que se encuentran en su territorio. La situación actual no solo es un desafío logístico, sino también un imperativo moral que requiere una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes.
En este contexto, la intervención del Tribunal Supremo se presenta como un llamado a la acción para que el Gobierno asuma su responsabilidad en la acogida de menores migrantes. La situación en Canarias es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchos países europeos, donde la llegada de migrantes y solicitantes de asilo ha generado tensiones políticas y sociales. La forma en que se maneje esta crisis en España podría sentar un precedente para futuras políticas migratorias en el país y en el continente.
La atención a los menores migrantes debe ser una prioridad, no solo desde un punto de vista legal, sino también desde una perspectiva humanitaria. La respuesta del Gobierno en las próximas semanas será crucial para determinar cómo se abordará esta crisis y qué medidas se implementarán para garantizar la seguridad y el bienestar de estos niños y adolescentes. La presión del Tribunal Supremo y la creciente preocupación de las autoridades canarias son indicativos de que la situación no puede seguir ignorándose y que se requieren acciones concretas y efectivas para resolverla.
