La reciente investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia en Canarias ha desvelado un lado oscuro de la corrupción que involucra a altos funcionarios y empresarios. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz conversaciones entre los cabecillas de una trama corrupta, revelando un lenguaje informal y en ocasiones soez que refleja la naturaleza de sus interacciones. Este escándalo no solo pone en entredicho la gestión de recursos públicos, sino que también expone la falta de ética en las comunicaciones entre personas en posiciones de poder.
Las conversaciones, que se llevaron a cabo durante los meses más críticos de la pandemia, muestran cómo el empresario Víctor de Aldama y el exasesor Koldo García, quien trabajó con el exministro José Luis Ábalos, intercambiaban mensajes cargados de vulgaridades y referencias sexuales. Este tipo de lenguaje, aunque puede ser común entre amigos, resulta inquietante cuando proviene de individuos que manejan contratos millonarios con el gobierno. La UCO ha documentado cómo García utilizó su influencia para presionar a otros funcionarios, incluyendo al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que se realizaran pagos pendientes a la empresa de De Aldama, Soluciones de Gestión.
Uno de los mensajes más impactantes que se ha hecho público incluye una petición de García a Torres, donde le suplica que resuelva un problema de pagos, utilizando un tono que mezcla la informalidad con insinuaciones de soborno. «Por favor arréglalo que me están volviendo loco estos tíos. Te juro que te lo agradeceré en carne», escribió García, añadiendo un comentario humorístico sobre su gratitud. Este tipo de comunicación no solo revela la desesperación de los involucrados, sino también la cultura de impunidad que parece haber prevalecido en la gestión de la crisis sanitaria.
El informe de la UCO también destaca la relación cercana entre García y Torres, sugiriendo que existía una amistad sólida entre ellos. Esta cercanía se traduce en un lenguaje coloquial que, en ocasiones, se torna grosero. En un mensaje, Torres expresa su frustración con la directora general de Recursos Económicos del Gobierno de Canarias, Ana María Pérez, utilizando un lenguaje que podría considerarse inapropiado para un funcionario público. «Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica», le envía a García, mostrando un nivel de confianza que podría interpretarse como una falta de profesionalismo.
Los problemas relacionados con los pagos a Soluciones de Gestión se extendieron hasta noviembre de 2020, lo que llevó a García a recurrir nuevamente a Torres. En un mensaje, el expresidente canario le informa que su intervención había tenido éxito, lo que provoca una celebración por parte de García. «Te juro que me voy de pedo», responde García, reflejando la informalidad que caracterizaba sus interacciones. Sin embargo, lo que podría parecer una simple celebración entre amigos es, en realidad, un indicio de la falta de seriedad con la que se manejaban asuntos de gran importancia pública.
La situación se vuelve aún más preocupante cuando García, en un intento por asegurar la aceptación de un nuevo lote de mascarillas, envía un mensaje que incluye una oferta sexual: «Me dejo violar». Este tipo de comentarios no solo son inaceptables en un contexto profesional, sino que también plantean serias preguntas sobre la ética y la moralidad de aquellos que estaban a cargo de la gestión de la salud pública en un momento crítico.
Además de las implicaciones legales que podrían derivarse de estas conversaciones, el lenguaje utilizado por los involucrados también refleja una falta de respeto hacia las normas y valores que deberían regir la conducta de los funcionarios públicos. La UCO ha documentado no solo delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, sino también un desprecio general por la corrección lingüística y la formalidad que se espera en el ámbito gubernamental.
Este escándalo no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también tiene repercusiones más amplias para la confianza pública en las instituciones. La percepción de que los funcionarios pueden actuar con impunidad y que la corrupción puede infiltrarse en la gestión de recursos críticos es un golpe duro para la democracia y la transparencia en la administración pública. A medida que avanza la investigación, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas se tomarán para restaurar la confianza en el sistema político de Canarias.
