La Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mayor universidad pública de España, se encuentra en una situación financiera crítica que ha llevado a su rector, Joaquín Goyache, a considerar la opción de solicitar un préstamo al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta decisión se produce en un contexto de recurrentes advertencias sobre la falta de fondos públicos y un déficit estructural que ha afectado a la universidad durante años. La solicitud de crédito asciende a 34.469.224,34 euros y está destinada a cubrir los pagos necesarios para el próximo curso académico, que comienza en 2025.
La UCM ha confirmado que la solicitud de este préstamo se debe a la incapacidad de afrontar los gastos operativos con los recursos que actualmente recibe del Gobierno regional. A pesar de la gravedad de la situación, la universidad ha optado por no ofrecer más detalles sobre el proceso, argumentando que los términos deben ser discutidos internamente antes de ser divulgados al público. Esta falta de transparencia ha generado preocupación entre la comunidad educativa y ha puesto de manifiesto la urgencia de una solución a largo plazo para la financiación de las universidades públicas en Madrid.
### La Infrafinanciación de la Universidad Pública
La crisis de financiación que enfrenta la UCM no es un fenómeno aislado, sino que refleja un problema más amplio que afecta a todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Desde hace años, estas instituciones han denunciado la insuficiencia de los recursos asignados por el Gobierno regional, que actualmente invierte solo el 0,43% del PIB de la región en educación superior, por debajo de la media nacional del 0,55%. Esta situación ha llevado a los rectores de las seis universidades públicas de Madrid a solicitar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso una solución a la «insostenibilidad económica» que enfrentan.
A pesar de las promesas de apoyo financiero, la realidad es que las universidades han recibido partidas presupuestarias que no cubren ni de lejos sus necesidades. En una reunión de emergencia, el Gobierno de Ayuso anunció una asignación de 47,3 millones de euros para las universidades, una cifra que los rectores consideran insuficiente, ya que estiman que las necesidades reales son cuatro veces mayores. Esta discrepancia ha llevado a un clima de tensión entre las universidades y el Gobierno regional, que se ha visto exacerbado por la falta de diálogo y la opacidad en la gestión de los recursos.
La situación se complica aún más con la propuesta de una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que el Gobierno de Ayuso está preparando. Este proyecto ha suscitado una fuerte oposición en la comunidad educativa, ya que se plantea que las universidades públicas no recibirían más del 70% de su financiación del Gobierno, obligándolas a buscar el 30% restante a través de fuentes externas, incluyendo la posibilidad de capital privado. Esta medida ha sido interpretada como un intento de convertir las universidades públicas en instituciones concertadas, lo que ha generado un rechazo generalizado entre los rectores y la comunidad académica.
### La Respuesta del Gobierno y la Oposición
En medio de esta crisis, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mantenido una postura defensiva, argumentando que ha realizado transferencias corrientes a las universidades por un total de 1.052 millones de euros. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por la oposición, que ha denunciado la precariedad de la educación superior en la región. El PSOE ha criticado la falta de inversión y ha propuesto que el Gobierno asuma directamente el coste del préstamo que la UCM planea solicitar, argumentando que la solución a la crisis no puede ser simplemente un endeudamiento adicional.
La falta de respuesta clara por parte del Gobierno ha llevado a un clima de incertidumbre en el que las universidades se ven obligadas a buscar soluciones temporales, como la solicitud de préstamos, en lugar de abordar de manera efectiva la raíz del problema: la insuficiencia de financiación. La oposición ha instado al Gobierno a desarrollar un plan de emergencia que inyecte recursos significativos en las universidades públicas, pero hasta ahora, estas propuestas han sido desestimadas.
La situación de la UCM es un reflejo de un problema más amplio que afecta a la educación pública en España. La falta de recursos adecuados no solo pone en riesgo la estabilidad financiera de las universidades, sino que también afecta la calidad de la educación que pueden ofrecer a sus estudiantes. En un momento en que la educación superior es más importante que nunca para el desarrollo económico y social del país, es fundamental que se tomen medidas urgentes para garantizar que las universidades públicas cuenten con los recursos necesarios para operar de manera efectiva.
La crisis de financiación de la Universidad Complutense de Madrid es un llamado de atención sobre la necesidad de una revisión profunda del modelo de financiación de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid. La comunidad educativa, los estudiantes y la sociedad en general deben unirse para exigir un cambio que garantice el acceso a una educación de calidad y que permita a las universidades cumplir con su misión de formar a las futuras generaciones.
