La situación judicial en torno a Carlos Mur de Víu, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud, ha tomado un giro inesperado al suspenderse por tercera vez su declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valdemoro. Este hecho ha generado un gran revuelo entre las familias de las víctimas de la pandemia en residencias de mayores, quienes ven en esta suspensión una burla a la justicia. La jueza a cargo del caso argumentó que la declaración de Mur era incompatible debido a su imputación en otros procedimientos relacionados con los mismos hechos. Esta decisión ha sido recibida con descontento por parte de las familias afectadas, quienes han expresado su frustración ante la dilatación del proceso judicial.
La citación de Carlos Mur se produce en un contexto donde la justicia parece avanzar a paso lento. La jueza Isabel Durante había decidido no agrupar las distintas investigaciones sobre las residencias de mayores, argumentando que cada caso está vinculado a una víctima diferente y a contextos asistenciales que no coinciden. Esta fragmentación de los casos ha llevado a que la justicia se perciba como un proceso interminable, lo que ha generado un sentimiento de impotencia entre los familiares de las víctimas.
### La Implicación de Carlos Mur y los Protocolos de la Vergüenza
Carlos Mur es conocido por haber firmado los llamados ‘protocolos de la vergüenza’, que se implementaron durante la pandemia y que, según las denuncias, impidieron el traslado de miles de ancianos a hospitales, lo que resultó en un alto número de muertes en residencias. En su declaración, el gerente del Hospital Infanta Elena, quien también fue citado, admitió haber recibido los protocolos firmados por Mur, aunque no pudo especificar quién se los había enviado. Esta falta de claridad ha alimentado las sospechas sobre la responsabilidad de Mur y otros altos cargos en la gestión de la crisis sanitaria en las residencias.
La abogada de las familias denunciantes, Alejandra Jacinto, ha calificado la suspensión de la declaración de Mur como «una tomadura de pelo», afirmando que se volverá a solicitar su imputación. Esta situación ha llevado a que muchos se pregunten si realmente se está haciendo justicia por las víctimas de la pandemia, o si, por el contrario, se está permitiendo que los responsables eludan su responsabilidad.
La portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, ha expresado su descontento con la lentitud del proceso judicial, afirmando que desde 2020 han estado luchando por justicia y que la situación actual es insostenible. La frustración se hace palpable entre quienes han perdido a seres queridos en residencias, ya que sienten que la justicia no avanza y que los responsables siguen impunes.
### La Reacción de las Familias y la Sociedad Civil
La reacción de las familias de las víctimas ha sido contundente. María Jesús Valero, portavoz de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia, ha denunciado que la justicia está siendo dilatada y que, a medida que pasa el tiempo, los delitos denunciados corren el riesgo de prescribir. Esta situación ha generado un sentimiento de pena y vergüenza, ya que cinco años y medio después de la crisis, los responsables aún no han sido llevados ante la justicia.
Las familias han manifestado su determinación de seguir luchando por la verdad y la justicia, a pesar de los obstáculos que se presentan en el camino. La situación actual ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión profunda del sistema judicial y de cómo se manejan los casos relacionados con la pandemia, especialmente en lo que respecta a la atención a los mayores en residencias.
La comunidad ha comenzado a movilizarse, organizando protestas y manifestaciones para exigir justicia. La presión social está aumentando, y muchos consideran que es fundamental que se tomen medidas para garantizar que los responsables de la gestión de la crisis en las residencias rindan cuentas por sus acciones.
La situación de Carlos Mur y la suspensión de su declaración son solo un capítulo más en una historia que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. La lucha por justicia continúa, y las familias de las víctimas están decididas a no rendirse hasta que se haga justicia. La presión sobre el sistema judicial es cada vez mayor, y la sociedad civil está tomando un papel activo en la búsqueda de respuestas y responsabilidades.
La historia de la pandemia en las residencias de mayores es una lección dolorosa que no debe ser olvidada. La memoria de aquellos que perdieron la vida debe ser honrada, y la justicia debe prevalecer. Las familias y la sociedad civil están unidas en su demanda de verdad y justicia, y no se detendrán hasta que se logre un cambio significativo en la forma en que se manejan estos casos en el futuro.
