En un contexto donde la salud pública es un tema de vital importancia, la reciente decisión de Izquierda Unida (IU) y Adelante Andalucía de presentar denuncias ante la Fiscalía por la gestión del cribado de cáncer en Andalucía ha generado un gran revuelo. Las acusaciones apuntan a errores graves en el sistema de salud que podrían haber puesto en riesgo la vida de miles de mujeres. Este artículo explora los detalles de las denuncias, las implicaciones de la gestión sanitaria y el impacto en la confianza ciudadana.
La gestión del cribado de cáncer de mama en Andalucía ha sido objeto de críticas severas, especialmente tras las alarmantes revelaciones de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA). Según IU, la situación ha derivado en un «fallo sistémico» que no solo ha afectado la salud de las mujeres, sino que también ha erosionado la confianza en las instituciones sanitarias. La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, junto a sus predecesores, se encuentran en el centro de estas acusaciones, que incluyen delitos de «homicidio por imprudencia grave» y «lesiones por imprudencia».
### Errores en el Sistema de Salud
La denuncia presentada por IU se basa en una serie de hechos que evidencian la falta de seguimiento en los casos catalogados como no concluyentes o dudosos en el programa de cribado de cáncer de mama. A finales de septiembre de 2025, AMAMA alertó sobre la existencia de errores graves en el sistema público de salud andaluz. La denuncia sostiene que, a pesar de que la consejera admitió públicamente que había errores en el protocolo de cribado, minimizó la gravedad de la situación, lo que ha llevado a que miles de mujeres queden sin seguimiento clínico durante un periodo prolongado.
El 2 de octubre de 2025, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reconoció que había 2,000 mujeres con diagnósticos previos no concluyentes de cáncer de mama que aún no habían sido contactadas para realizar nuevas pruebas. Esta falta de acción ha expuesto a estas mujeres a un riesgo significativo, lo que podría haber resultado en diagnósticos tardíos y, en consecuencia, en tratamientos más agresivos y con peores pronósticos. La denuncia de IU también menciona que esta situación podría haber contribuido a la muerte de algunas de estas mujeres, lo que agrava aún más la gravedad de los errores en la gestión sanitaria.
### Implicaciones Legales y Sociales
Las denuncias de IU y Adelante Andalucía no solo buscan justicia para las mujeres afectadas, sino que también plantean serias preguntas sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión de la salud. La acusación de «omisión del deber de prestar servicios sanitarios» es particularmente preocupante, ya que sugiere que los responsables de la salud pública en Andalucía han fallado en su deber de proteger a la población.
La presidenta de AMAMA ha declarado que había alertado previamente a los dos anteriores consejeros de Salud sobre los fallos en la gestión del programa de cribado, lo que pone de relieve la falta de acción y respuesta por parte de las autoridades competentes. Este tipo de negligencia no solo afecta la salud de las mujeres, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud pública. La percepción de que las instituciones no están cumpliendo con su deber puede tener consecuencias a largo plazo en la relación entre la población y los servicios de salud.
La situación actual plantea un dilema ético y moral: ¿cómo pueden las autoridades de salud garantizar la seguridad y el bienestar de la población si no son capaces de gestionar adecuadamente los programas de prevención y detección temprana de enfermedades? La falta de seguimiento en los casos de cáncer de mama no es solo un fallo administrativo; es una cuestión de vida o muerte para muchas mujeres que dependen del sistema de salud para recibir atención oportuna y efectiva.
### La Respuesta de las Autoridades
Ante la presión de las denuncias y la creciente preocupación pública, la Junta de Andalucía ha comenzado a revisar el protocolo de cribado de cáncer. Sin embargo, las acciones tomadas hasta ahora han sido consideradas insuficientes por muchos. La consejera de Salud ha declarado que se están revisando los casos y que se están tomando medidas para corregir los errores, pero la falta de transparencia y la lentitud en la respuesta han generado desconfianza.
La situación se complica aún más por el contexto político en el que se desarrolla. Las acusaciones de IU y Adelante Andalucía no solo son un llamado a la justicia, sino que también se inscriben en un marco más amplio de críticas a la gestión del gobierno andaluz. La oposición ha aprovechado la oportunidad para cuestionar la capacidad del gobierno para manejar cuestiones críticas de salud pública, lo que podría tener repercusiones en futuras elecciones.
### La Importancia de la Vigilancia Ciudadana
La situación en Andalucía subraya la importancia de la vigilancia ciudadana en la gestión de la salud pública. La capacidad de las organizaciones y colectivos de mujeres para alzar la voz y exigir respuestas es fundamental para garantizar que se tomen medidas adecuadas y que se rinda cuentas a los responsables. La presión social puede ser un motor de cambio, impulsando a las autoridades a actuar con mayor diligencia y responsabilidad.
La denuncia de IU y Adelante Andalucía es un recordatorio de que la salud pública no debe ser un tema político, sino una prioridad que requiere atención y acción inmediata. La gestión del cribado de cáncer en Andalucía es un caso emblemático que pone de manifiesto la necesidad de un sistema de salud que funcione de manera efectiva y que esté al servicio de la ciudadanía. La confianza en las instituciones sanitarias es esencial para el bienestar de la población, y cualquier fallo en este sentido puede tener consecuencias devastadoras.
La situación actual es un llamado a la acción, no solo para las autoridades, sino también para la sociedad en su conjunto. La salud es un derecho fundamental, y es responsabilidad de todos garantizar que se respete y se proteja. Las denuncias presentadas por IU y Adelante Andalucía son un paso importante en la búsqueda de justicia y en la lucha por un sistema de salud más justo y eficaz.