La Audiencia de Sevilla ha tomado una decisión crucial al ordenar la reapertura del caso de Marta del Castillo, un caso que ha conmocionado a la sociedad española desde su inicio en 2009. Esta resolución se centra en la posible intervención de un profesional no titulado en la elaboración de un informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, el asesino confeso de la menor. La decisión de la Audiencia responde a un recurso de apelación presentado por el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de la Torre, quien argumentó que el informe fue realizado por alguien que no contaba con las credenciales necesarias.
La investigación se centra en el perito Manuel Huerta de la Morena, quien elaboró el informe sobre el dispositivo móvil de Carcaño. Según el CPITIA, Huerta no era ingeniero técnico en informática ni estaba colegiado, lo que plantea serias dudas sobre la validez del informe presentado. Además, se ha señalado que el perito mostró imágenes del caso en medios de comunicación, lo que podría constituir una revelación de secretos. Sin embargo, la Audiencia ha indicado que, dado el alto nivel de exposición mediática del caso, no parece que haya información secreta que aún deba ser revelada.
La Audiencia ha solicitado que se determinen si las periciales informáticas son un acto reservado a titulados y ha recordado que el artículo 403 del Código Penal establece dos elementos clave: el ejercicio de actos propios de una profesión y la falta del título habilitante. En este contexto, se ha subrayado que el querellado no firmó el informe como ingeniero informático, sino como representante de una empresa de ciberseguridad, Lazarus Technology.
La Ley 12/1986 otorga a los ingenieros técnicos la competencia para realizar peritaciones, valoraciones, tasaciones, informes y estudios. Esta disposición parece respaldar la tesis del querellante, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la investigación. La Audiencia ha dado un plazo de 12 días al Juzgado de Instrucción número 7 para que realice las diligencias necesarias y determine si el informe fue encargado judicialmente y si algún profesional titulado participó en su elaboración.
La decisión de reabrir el caso ha sido recibida con una mezcla de esperanza y escepticismo por parte de la familia de Marta del Castillo. Desde el inicio del caso, los padres de la menor han luchado incansablemente por la verdad y la justicia, enfrentándose a numerosos obstáculos en el camino. La posibilidad de que se realicen nuevas diligencias les ofrece un rayo de esperanza, aunque también son conscientes de que el proceso puede ser largo y complicado.
La historia de Marta del Castillo ha dejado una huella profunda en la sociedad española, y la reapertura del caso podría ser un paso importante hacia la verdad. La familia ha expresado su deseo de que se haga justicia y que se esclarezcan todos los aspectos del caso, incluyendo la posible intervención de profesionales no cualificados en la investigación.
A medida que avanza la investigación, se espera que se realicen nuevas audiencias y que se presenten más pruebas que puedan arrojar luz sobre lo sucedido. La Audiencia de Sevilla ha dejado claro que está comprometida a esclarecer todos los aspectos del caso y a garantizar que se haga justicia, independientemente de los obstáculos que puedan surgir en el camino.
La reapertura del caso Marta del Castillo no solo es un tema de interés mediático, sino que también representa una lucha por la justicia y la verdad en un caso que ha marcado a toda una generación. La sociedad española sigue atenta a los desarrollos de este caso, esperando que finalmente se logre esclarecer lo ocurrido y se haga justicia por Marta y su familia. La importancia de este caso radica no solo en la búsqueda de justicia para una víctima, sino también en la necesidad de garantizar que todos los profesionales involucrados en investigaciones de esta naturaleza estén debidamente cualificados y actúen dentro del marco legal establecido.
