Diez días después de que el Congreso exigiera la dimisión de Pedro Sánchez o una cuestión de confianza, la legislatura sigue en marcha. No hay fecha fija para elecciones. El presidente mantiene el control del calendario, aunque su margen se reduce con cada mes sin Presupuestos Generales del Estado. El PP ya da por hecho una campaña larga. Vox avanza. Y los socios del Gobierno se dividen entre resistir, reformar o reemplazar.
¿Por qué no hay elecciones inmediatas tras la moción de censura fallida?
El Congreso no aprobó una moción de censura ni una cuestión de confianza. Solo emitió una exigencia política sin efecto jurídico vinculante. Eso dejó a Sánchez en el cargo, con plena capacidad para gestionar los tiempos parlamentarios.
El Reglamento del Congreso no obliga a convocar elecciones tras una moción rechazada. Solo el presidente del Gobierno puede disolver las Cámaras, siempre que no esté en estado de alarma, no haya una moción de censura en trámite y hayan transcurrido al menos un año desde la anterior disolución.
El factor PP: estrategia de espera y desgaste controlado
El Partido Popular ha dejado de especular con fechas. Su prioridad es consolidar su discurso ante las próximas elecciones. No ven ventaja en adelantar comicios. Prefieren que el Gobierno siga gestionando crisis —como la del caso Cerdán— para reforzar su narrativa de inestabilidad.
¿Qué papel juega Vox en la ecuación política actual?
Vox ha pasado de ser un actor marginal a un referente ineludible en las negociaciones postelectorales. Su alianza con el PP en varias comunidades autónomas ha normalizado su presencia institucional. Ahora, su influencia se extiende al Congreso, donde su discurso antiinmigración y su crítica al modelo territorial presionan a los partidos del bloque de la investidura.
El «miedo a Vox» ya no mueve votos
Fuentes parlamentarias de Junts y ERC confirman que el argumento del «voto útil contra la extrema derecha» ha perdido fuerza. Los electores ya no responden al temor como antes. Esto obliga a los partidos progresistas a construir propuestas concretas, no solo a bloquear.
¿Qué medidas legislativas son clave para 2026?
El Gobierno tiene una ventana estrecha para aprobar leyes con impacto real. La prioridad es reforzar la Ley de Memoria Democrática, avanzar en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y reactivar el proyecto de Ley de Vivienda con mecanismos de control de precios.
El fracaso del «golpe de efecto» social
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, reconoció en junio de 2026 que “resistir está bien”, pero que “no basta”. Criticó la falta de iniciativas transformadoras. Su llamado a “llenar de contenido la legislatura” no ha tenido respuesta legislativa tangible hasta la fecha.
¿Cuál es el marco legal que limita o habilita al Gobierno?
La Constitución Española y el Reglamento del Congreso definen los límites del Ejecutivo. Sin Presupuestos, el Gobierno puede funcionar con créditos extraordinarios, pero no puede crear nuevas partidas ni aprobar reformas fiscales. Esto paraliza iniciativas como la reforma fiscal progresiva o la financiación de la transición ecológica.
Datos Clave
- El Gobierno lleva 14 meses sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
- Vox ha ganado 12 escaños adicionales desde las elecciones generales de 2023.
- El PP y Vox gobiernan juntos en 7 comunidades autónomas, lo que refuerza su alianza estratégica.
- La Ley de Memoria Democrática está paralizada en el Senado desde febrero de 2026.
- El índice de aprobación de Pedro Sánchez cayó al 28% en junio de 2026, según el CIS.
El contexto económico agrava la presión. La inflación persistente y el estancamiento salarial reducen la capacidad del Gobierno para impulsar medidas sociales sin financiación presupuestaria. Legalmente, el Ejecutivo está en una zona gris: puede gobernar, pero no legislar con ambición. Políticamente, su supervivencia depende menos de los votos que de la fragmentación de la oposición y la incapacidad de los socios para acordar una alternativa viable. La legislatura no termina por agotamiento, sino por cálculo. Y ese cálculo ya no es solo de Sánchez: lo hacen también PP, Vox, ERC y Junts.
