El Parlamento Europeo ha tomado medidas disciplinarias contra Alvise Pérez, eurodiputado del partido Se Acabó la Fiesta, al imponerle una sanción de dos días sin derecho a dietas. Esta decisión se debe a que Pérez no presentó su declaración de intereses económicos, incumpliendo así las obligaciones de transparencia que se exigen a todos los miembros de la Eurocámara.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció la sanción, que equivale a una pérdida de 700 euros, dado que cada día sin dietas representa 350 euros. La sanción se basa en el artículo 183 del reglamento interno del Parlamento, que establece las normas de conducta y transparencia para los eurodiputados. Alvise Pérez no ha interpuesto recurso contra esta decisión, lo que significa que la sanción es definitiva.
La declaración de intereses económicos es un requisito que todos los eurodiputados deben cumplir, y su contenido es público en la página web del Parlamento. Sin embargo, Pérez no reveló información crucial, como los ingresos que recibió por donaciones en su calidad de analista y consultor político independiente. Esta falta de transparencia ha llevado a la Eurocámara a investigar su situación desde diciembre del año anterior.
En ese momento, Pérez había argumentado que la investigación sobre su declaración de intereses era la razón por la que no había sido aceptado como miembro del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), a pesar de que otros dos eurodiputados de su partido sí fueron admitidos. Pérez se mostró confiado en que las dudas sobre su situación se resolverían al presentar un documento de Hacienda que certificaba su “ejemplaridad”. Sin embargo, la sanción actual indica que las preocupaciones sobre su transparencia no han sido resueltas.
La sanción se produce en un contexto más amplio de escrutinio sobre las finanzas de Pérez. En la misma jornada, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al eurodiputado por un posible delito de financiación ilegal. Se alega que Pérez recibió 100,000 euros de un empresario para su campaña electoral, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar acceso a todas sus cuentas bancarias y las de su partido durante el año 2024.
Este caso pone de relieve la creciente presión sobre los eurodiputados para que mantengan altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. La Eurocámara ha intensificado sus esfuerzos para garantizar que sus miembros cumplan con las normativas establecidas, especialmente en un momento en que la confianza pública en las instituciones políticas es crucial.
La falta de presentación de la declaración de intereses no solo afecta la reputación de Pérez, sino que también plantea preguntas sobre la integridad del proceso electoral y la financiación de los partidos políticos en Europa. La Eurocámara ha dejado claro que tomará medidas enérgicas contra cualquier violación de las normas de conducta, y este caso es un ejemplo de cómo se están aplicando esas normas en la práctica.
La situación de Alvise Pérez es un recordatorio de la importancia de la transparencia en la política y de cómo las acciones de los representantes electos pueden tener repercusiones significativas en su carrera y en la confianza del público. A medida que avanza la investigación sobre su financiación electoral, se espera que se revelen más detalles sobre su situación financiera y su cumplimiento con las normativas del Parlamento Europeo.
