La reciente detención de Ignacio Allende Fernández, conocido en el ámbito del cine pornográfico como Torbe, ha sacudido la industria y ha puesto de manifiesto la explotación laboral y sexual que sufren muchas mujeres en esta esfera. El 2 de abril, la Policía Nacional arrestó a Torbe y a otros cuatro individuos, acusándolos de varios delitos, incluyendo pertenencia a una organización criminal y explotación de mujeres en situación irregular.
La investigación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF), se inició hace siete meses tras la denuncia de una mujer ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. Esta denuncia reveló que mujeres extranjeras en situación irregular eran captadas y explotadas laboralmente para la grabación de vídeos pornográficos. Según los informes, Torbe pagaba a estas actrices solo 50 euros por cada rodaje, mientras que exigía hasta 3.000 euros para eliminar los vídeos de las plataformas donde se publicaban.
Las acusaciones contra Torbe son graves y se suman a un historial de problemas legales. Este es su cuarto arresto, habiendo sido previamente detenido por delitos que incluyen trata de seres humanos, agresión sexual y corrupción de menores. En esta ocasión, se le acusa de cinco delitos de pertenencia a organización criminal, seis delitos contra los derechos de los trabajadores, un delito de agresión sexual y uno de coacciones.
La metodología utilizada por Torbe y su equipo era sistemática. Las mujeres eran contactadas a través de la web del canal pornográfico “putalocura.com”, donde eran entrevistadas y contratadas sin recibir copia de los contratos firmados. Posteriormente, eran obligadas a grabar escenas en condiciones precarias y, en algunos casos, eran enviadas a pisos donde se les forzaba a ejercer la prostitución. Este modus operandi se basaba en la explotación de la vulnerabilidad económica, social y familiar de estas mujeres, quienes se encontraban en situaciones de precariedad.
La investigación también reveló que muchas de estas mujeres no solo recibían pagos irrisorios por su trabajo, sino que algunas incluso no llegaron a cobrar. Aquellas que intentaban abandonar la productora eran coaccionadas, amenazadas con la posibilidad de que su situación administrativa irregular fuera expuesta. Además, si deseaban que sus vídeos fueran eliminados, debían abonar una suma exorbitante a la productora.
Los detenidos, además de Torbe, incluyen a Ángel O. S., conocido como Spiderman, y Luis G. S., alias Carloduro, quienes presuntamente actuaban como intermediarios entre las mujeres y las productoras. La organización criminal estaba compuesta por cinco personas, todas con roles específicos que facilitaban la explotación de las mujeres.
La gravedad de los delitos que se les imputan ha llevado a la Policía a considerar que estas prácticas eran parte de un esquema más amplio de explotación sistemática en la industria del cine para adultos. Las condiciones de trabajo eran deplorables, y se ignoraban las exigencias de pruebas médicas, lo que ponía en riesgo la salud de las trabajadoras.
La detención de Torbe ha reavivado el debate sobre la regulación de la industria del cine para adultos y la protección de los derechos de las trabajadoras en este sector. La falta de regulación y la explotación de mujeres en situaciones vulnerables son temas que requieren atención urgente por parte de las autoridades y la sociedad en general.
A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre la operación y que se tomen medidas para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro. La protección de los derechos de las trabajadoras y la erradicación de la explotación en todas sus formas deben ser prioridades en la agenda pública.
