La jueza del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido no admitir la solicitud de una acusación particular que pedía la citación como testigo del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el marco de la investigación sobre la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la región. Esta decisión se basa en el hecho de que Mazón, aunque había solicitado ser investigado, ha declinado la oferta de comparecer como testigo.
En el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la jueza argumenta que el Consell es el órgano encargado de la dirección y coordinación de la protección civil en la comunidad, y que, por lo tanto, le corresponde ejercer el mando único durante situaciones de emergencia. La ley Valenciana de Protección Civil y Gestión de Emergencias establece que los ciudadanos tienen derecho a recibir información sobre los riesgos que les afectan y las medidas de seguridad que deben adoptar.
La jueza señala que, si se hubiera acordado la asunción del mando único, esta responsabilidad habría recaído en Mazón. Sin embargo, la falta de declaración de una situación de emergencia catastrófica durante la DANA plantea dudas sobre la pertinencia de interrogar a Mazón en calidad de testigo, ya que esto podría implicar un cambio en su estatus procesal a investigado.
El auto también menciona que, dado el aforamiento de Mazón, su declaración como investigado solo puede llevarse a cabo de manera voluntaria. Esto significa que, aunque la jueza ha ofrecido la posibilidad de que Mazón declare, él ha optado por no hacerlo en este momento.
Además, la jueza ha desestimado otras solicitudes de la acusación popular, como la identificación de llamadas de dos investigados, la ex consellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. La magistrada argumenta que estas diligencias podrían afectar al secreto de las comunicaciones y solo pueden ser autorizadas en casos de delitos dolosos.
La decisión de la jueza ha generado reacciones en la comunidad, especialmente entre aquellos que han sido afectados por la DANA. Durante una reciente visita de Mazón a la Universitat de València, fue recibido con gritos de “¡Mazón dimisión!”, lo que refleja el descontento de algunos ciudadanos respecto a la gestión de la crisis.
La DANA que afectó a la Comunidad Valenciana dejó un saldo trágico, con numerosas víctimas y daños materiales significativos. La falta de una declaración de emergencia catastrófica ha sido un punto de controversia, y muchos ciudadanos exigen responsabilidades por la gestión de la crisis.
La jueza también ha decidido no llevar a cabo un reconocimiento aéreo de las zonas afectadas ni tomar declaraciones de responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) en esta fase del proceso. La magistrada ha indicado que estas acciones se evaluarán más adelante, a la luz de las declaraciones de las víctimas y sus familiares.
La situación en torno a la DANA y la gestión de la emergencia sigue siendo un tema candente en la política valenciana. La decisión de la jueza de no citar a Mazón como testigo ha sido recibida con críticas por parte de algunos sectores que consideran que es fundamental esclarecer la responsabilidad de los líderes políticos en la gestión de crisis de esta magnitud. La falta de transparencia y la necesidad de rendición de cuentas son demandas que resuenan entre los ciudadanos, quienes buscan respuestas y justicia tras los devastadores efectos de la DANA.
