La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido objeto de críticas tras la reciente adjudicación de un contrato por 280.828 euros destinado a clases de tenis y pádel para los hijos del personal. Este gasto ha generado un intenso debate en torno a la gestión de recursos públicos en un contexto donde la universidad ha expresado preocupaciones sobre la falta de financiación.
El rector de la UCM, Joaquín Goyache Goñi, se encuentra en el centro de la controversia, ya que la adjudicación se ha realizado a una empresa con la que la universidad tiene una larga relación. A pesar de las quejas sobre la insuficiencia de fondos para la educación superior, la universidad ha decidido destinar una suma considerable a actividades deportivas que benefician a los hijos de su personal, así como a estudiantes y residentes en colegios mayores asociados.
El contrato, que inicialmente tenía un presupuesto de 1.856.720 euros, está diseñado para ofrecer clases a menores de entre 4 y 17 años. Sin embargo, los beneficiarios directos no son estudiantes matriculados en la UCM, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la prioridad de este tipo de gastos en un momento en que las universidades públicas enfrentan serias dificultades financieras.
La Complutense ha justificado esta inversión argumentando que el objetivo principal es mejorar la condición física de los menores y fomentar las relaciones sociales entre ellos. Además, se ha establecido que el servicio incluirá un coordinador técnico y entrenadores deportivos, quienes impartirán un mínimo de dos horas de entrenamiento. Las instalaciones y el material necesario para las clases, como raquetas y pelotas, serán proporcionados por la universidad, lo que incrementa el costo total del contrato.
A pesar de la justificación presentada, las críticas no se han hecho esperar. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que la comunidad universitaria ha comenzado a alzar la voz en defensa de la educación pública, que se encuentra en una situación crítica. Morant ha enfatizado que es responsabilidad del Gobierno y de la sociedad garantizar la financiación adecuada para que las universidades puedan cumplir con su misión educativa.
La situación se complica aún más al considerar que, mientras la UCM destina recursos a actividades deportivas para los hijos de su personal, también ha recibido críticas por la asignación de coches oficiales a la dirección de la universidad. Este tipo de decisiones han alimentado la percepción de un despilfarro de dinero público en un contexto de recortes y falta de recursos para la educación.
La controversia ha llevado a un debate más amplio sobre la gestión de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid. La falta de financiación adecuada ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la educación superior, y muchos argumentan que la inversión en actividades como las clases de tenis y pádel debería ser reconsiderada en favor de mejorar la infraestructura y los recursos académicos.
La Complutense, al igual que otras universidades, se enfrenta a un dilema: cómo equilibrar la necesidad de ofrecer servicios atractivos para su comunidad mientras se navega por un entorno financiero cada vez más restrictivo. La decisión de invertir en deportes para los hijos del personal ha puesto de relieve las tensiones entre las prioridades institucionales y las necesidades de la comunidad académica.
En este contexto, la comunidad universitaria sigue demandando un cambio en la forma en que se gestionan los recursos, pidiendo una mayor transparencia y responsabilidad en el uso del dinero público. La situación actual podría ser un punto de inflexión para la UCM y otras instituciones que enfrentan desafíos similares, ya que la presión por una gestión más eficiente y centrada en la educación se intensifica.
La Complutense deberá abordar estas críticas y reflexionar sobre sus prioridades en un momento en que la educación pública se encuentra bajo una creciente presión. La inversión en deportes para los hijos del personal podría ser vista como un lujo en tiempos de austeridad, y la universidad tendrá que justificar su decisión ante una comunidad que exige respuestas claras sobre el uso de sus recursos.
