El juez Juan Carlos Peinado ha tomado una decisión contundente al imponer una multa de 5.000 euros al abogado de Begoa Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Esta sanción se deriva de la conducta del letrado, quien, según el juez, violó el deber de sigilo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal al informar a los medios de comunicación sobre las declaraciones realizadas en el juzgado.
La controversia comenzó cuando el juez abrió una pieza separada el pasado 20 de diciembre para investigar la posible infracción de los abogados involucrados en el caso. En particular, se centró en las declaraciones que se hicieron a la salida del juzgado tras la comparecencia de Gómez como investigada. El juez criticó la «reiterada conducta» de los letrados al transmitir información a los medios, a pesar de haber sido advertidos sobre la prohibición de hacerlo.
El caso se remonta a la declaración de Begoa Gómez el 18 de diciembre de 2024, cuando el abogado de la investigada, Antonio Camacho, hizo declaraciones a la prensa. El juez Peinado argumentó que esta acción no solo violaba la ley, sino que también despreciaba el proceso judicial. En su auto, el juez señala que el abogado no presentó alegaciones en su defensa, lo que llevó a la imposición de la multa.
Además de la sanción al abogado de Gómez, el juez también impuso multas de 500 euros a los letrados de las acusaciones populares, Vox y Hazte Or, quienes admitieron haber hecho declaraciones a los medios. Aunque argumentaron que sus comentarios fueron realizados después de que lo hiciera Camacho, el juez consideró que esto no exime la infracción de la ley.
El auto del juez se conoce en un momento crítico, ya que coincide con la declaración como testigo del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en relación con el nombramiento de una asesora de Begoa Gómez. Este contexto añade una capa adicional de complejidad al caso, que ha captado la atención de los medios y del público en general.
La decisión del juez Peinado ha suscitado un debate sobre la ética en la práctica legal y la responsabilidad de los abogados en el manejo de información sensible. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece claramente el deber de sigilo en las diligencias judiciales, y la violación de este deber puede tener consecuencias significativas tanto para los abogados como para el proceso judicial en su conjunto.
Este caso pone de relieve la tensión entre la transparencia en los procesos judiciales y la necesidad de proteger la integridad de las investigaciones. La opinión pública está dividida, con algunos defendiendo la libertad de expresión de los abogados y otros argumentando que la divulgación de información puede perjudicar el curso de la justicia.
A medida que el caso avanza, se espera que se produzcan más desarrollos, y la atención se centrará en cómo se manejarán las futuras comparecencias y declaraciones en este asunto. La situación también plantea preguntas sobre la influencia política en el sistema judicial y cómo los casos de figuras públicas pueden ser tratados de manera diferente en comparación con los ciudadanos comunes.
En resumen, la multa impuesta al abogado de Begoa Gómez es un recordatorio de la importancia del cumplimiento de las normas legales y éticas en el ejercicio de la abogacía. La decisión del juez Peinado podría sentar un precedente en la forma en que se manejan las comunicaciones entre los abogados y los medios de comunicación en casos de alto perfil, y podría tener repercusiones más amplias en el sistema judicial español.
