En el actual panorama mediático español, la lucha por el control de los medios de comunicación se ha intensificado, especialmente en el caso del grupo PRISA. La reciente dinámica entre los actores clave, como Joseph Oughourlian y los Bolloré, ha puesto de manifiesto las tensiones y estrategias que se están llevando a cabo en el sector. Oughourlian, quien ha estado al frente de PRISA, se enfrenta a presiones tanto internas como externas, mientras que el gobierno español, bajo la dirección de Pedro Sánchez, busca consolidar su influencia en los medios.
La relación entre Oughourlian y los Bolloré ha sido descrita como una mezcla de colaboración y competencia. Los Bolloré, conocidos por su enfoque filantrópico y progresista, han mantenido una participación en PRISA, pero su interés en aumentar su influencia se ha visto complicado por la situación financiera del grupo. Con una deuda significativa y una valoración de mercado que no refleja su potencial, la situación de PRISA es delicada. Oughourlian ha intentado maniobrar en este contexto, buscando mantener el control mientras enfrenta la presión del gobierno para que se deshaga de ciertos accionistas.
El papel del gobierno en esta dinámica es crucial. La administración de Sánchez ha mostrado un interés particular en controlar los medios de comunicación, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que Telefónica, bajo la dirección de Marc Murtra, se convierta en un vehículo para fortalecer la influencia del gobierno en PRISA. La propuesta de aumentar la participación de los Bolloré en PRISA, mientras se mantiene el control ideológico, ha generado preocupación sobre la independencia de los medios y su capacidad para operar sin interferencias políticas.
La situación se complica aún más con la entrada de Javier de Paz en Movistar+, quien ha sido encargado de lanzar una nueva televisión en abierto, conocida como Tele-Pedro. Este movimiento ha sido interpretado como un intento de crear un canal que apoye la narrativa del gobierno, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de independencia en los medios. La creación de un ‘staff’ propio por parte de De Paz en Movistar+ también ha levantado sospechas sobre su lealtad y su capacidad para actuar de manera independiente de los intereses políticos.
La tensión entre Oughourlian y el gobierno se ha intensificado, especialmente después de que Oughourlian publicara un artículo crítico en El País, donde denunciaba el control que Sánchez intenta ejercer sobre los medios. Este acto de desafío ha llevado a Oughourlian a reconsiderar su posición y a buscar una salida que le permita minimizar sus pérdidas en PRISA, que actualmente se encuentra en una situación financiera precaria.
La valoración de PRISA ha sido un tema candente, con Oughourlian sugiriendo que estaría dispuesto a vender su participación si se alcanza una valoración de 800 millones de euros. Sin embargo, esta cifra ha sido recibida con escepticismo por parte de los potenciales compradores, quienes consideran que la empresa está en quiebra técnica y que su valor real es mucho menor. La falta de claridad sobre quién está detrás de Amber Capital, otro de los accionistas de PRISA, añade un nivel de incertidumbre a la situación.
Mientras tanto, el gobierno continúa buscando formas de consolidar su control sobre los medios. La estrategia parece ser la de utilizar a Telefónica como un medio para financiar y apoyar a PRISA, a pesar de las preocupaciones sobre la reputación de la empresa en los mercados. La obsesión del gobierno por controlar la narrativa mediática ha llevado a una creciente preocupación sobre la libertad de prensa en España, con muchos críticos advirtiendo que esta tendencia podría tener consecuencias graves para la democracia.
En resumen, la lucha por el control de PRISA y la influencia del gobierno en los medios de comunicación refleja una batalla más amplia por el poder en España. La interacción entre los actores clave, las presiones financieras y las estrategias políticas están configurando un panorama mediático que podría tener un impacto duradero en la forma en que se informa al público y se lleva a cabo el debate democrático.
