La reciente tragedia provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en Valencia ha desatado una ola de críticas y demandas de responsabilidad. La acusación popular, representada por la asociación Liberum, ha solicitado la imputación de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, por su supuesta falta de acción ante la inminente catástrofe que dejó 225 muertos. La denuncia se centra en la alegación de que Bernabé no advirtió a la población ni solicitó la declaración de emergencia al Gobierno central, a pesar de que la primera alerta se emitió a las 8 de la tarde del 29 de octubre de 2024.
Liberum argumenta que la gestión de emergencias es responsabilidad compartida entre el Ministerio del Interior y los órganos competentes de las comunidades autónomas. Según el artículo 12 de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil, se establece que ambos deben cooperar en la transmisión de alertas y en la gestión de emergencias. La acusación sostiene que la falta de acción de Bernabé podría haber contribuido a la magnitud de la tragedia.
La denuncia también menciona la no declaración de estado de emergencia en la Comunidad Valenciana, un proceso que, según la Ley 17/2015, puede ser solicitado por la delegada del Gobierno. Liberum sostiene que Bernabé no cumplió con su deber al no solicitar dicha declaración en el momento adecuado, lo que podría haber mitigado las consecuencias de la DANA.
Además, se destaca que la primera reunión del Gobierno de España para abordar la situación se llevó a cabo a las 11 de la noche, horas después de que la tragedia ya había cobrado cientos de vidas. Esto ha llevado a cuestionar la eficacia de la respuesta del Gobierno y la coordinación entre las distintas instituciones involucradas en la gestión de la crisis.
La acusación también amplía la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que, según Liberum, no alertó adecuadamente sobre la situación crítica en el Barranco del Poyo, donde se produjo un desbordamiento que resultó en numerosas víctimas. La falta de comunicación y la tardanza en la respuesta han sido señaladas como factores que agravaron la situación.
Pilar Bernabé, en su defensa, ha admitido que no conoció ciertos avisos críticos hasta mucho más tarde, lo que ha generado aún más dudas sobre la gestión de la crisis. La acusación popular ha solicitado que se modifique su condición de testigo a investigada, lo que podría tener implicaciones significativas en el desarrollo del caso.
La situación en Valencia sigue siendo crítica, y muchos ciudadanos se sienten frustrados por la falta de acción oportuna de las autoridades. La DANA ha dejado una huella profunda en la comunidad, y las demandas de justicia y responsabilidad continúan creciendo. La investigación en curso podría arrojar luz sobre las decisiones tomadas por los funcionarios y la forma en que se gestionaron las alertas y la respuesta a la emergencia. En este contexto, la figura de la delegada del Gobierno se encuentra en el centro de un debate que podría tener repercusiones políticas y sociales en la región.
