La Audiencia Nacional ha dado un paso significativo en la investigación sobre el destino de 4,7 millones de mascarillas que supuestamente se han perdido en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). El juez Ismael Moreno ha solicitado a Raminatrans S.L., la empresa encargada del transporte de las mascarillas, que aporte las actas y albaranes de recepción o distribución de estos productos. Esta decisión surge tras la declaración de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, quien reveló en el Tribunal Supremo que solo se habían recibido 300,000 de las 5 millones de mascarillas adquiridas.
La contradicción entre las cifras proporcionadas por Pardo de Vera y las afirmaciones de Rafael Milla, presidente de Raminatrans, ha llevado a la Asociación Liberum, una de las acusaciones populares en el caso, a solicitar aclaraciones sobre el paradero de las mascarillas. Según Milla, su empresa transportó la totalidad de las mascarillas a las sedes de ADIF, lo que genera un desfase significativo en las declaraciones de ambos testigos.
La situación se complica aún más al considerar que la Asociación Liberum ha identificado lo que considera «contradicciones insalvables» en las declaraciones de Pardo de Vera y Milla. En su escrito presentado ante la Audiencia Nacional, la asociación ha solicitado que se investigue si las entregas de mascarillas se realizaron sin la debida documentación, lo que podría sugerir un descontrol organizativo o, en el peor de los casos, delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
La ex presidenta de ADIF, en su declaración, afirmó que de las 5 millones de mascarillas compradas a Soluciones de Gestión, solo llegaron 300,000. Esta afirmación ha sido clave para que la Asociación Liberum pida al juez que aclare el destino de las mascarillas restantes. Milla, por su parte, ha declarado que todas las entregas fueron recepcionadas mediante actas, lo que contradice la afirmación de Pardo de Vera.
La investigación ha cobrado relevancia no solo por la cantidad de mascarillas involucradas, sino también por las implicaciones legales que podrían derivarse de la falta de claridad en el proceso de adquisición y distribución. La Audiencia Nacional ha estado revisando el caso desde su inicio, y la solicitud de las actas de entrega es un paso crucial para determinar si hubo irregularidades en el manejo de estos recursos.
El contexto de esta investigación se sitúa en un periodo crítico, donde la adquisición de material sanitario fue esencial para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. La gestión de estos recursos ha sido objeto de escrutinio público, y cualquier indicio de mala gestión o corrupción podría tener repercusiones significativas para los involucrados.
La Asociación Liberum ha enfatizado la necesidad de esclarecer la situación, argumentando que la falta de documentación adecuada podría ser indicativa de un sistema deficiente en la gestión de recursos públicos. La respuesta del juez Ismael Moreno a esta solicitud será determinante para el avance de la investigación y para la posible imputación de los responsables.
A medida que se desarrolla esta investigación, la atención se centra en cómo se gestionaron las compras de material sanitario durante un momento crítico para la salud pública. La transparencia en estos procesos es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que se tomen las medidas adecuadas para prevenir futuras irregularidades.
La Audiencia Nacional continuará su labor de investigación, y se espera que la presentación de las actas de entrega por parte de Raminatrans aclare el destino de las mascarillas y permita a la justicia tomar decisiones informadas sobre los posibles delitos cometidos en este caso. La situación sigue siendo tensa, y el desenlace de esta investigación podría tener un impacto significativo en la percepción pública de la gestión de la crisis sanitaria y en la rendición de cuentas de los funcionarios involucrados.
