La ciudad de Alcalá de Henares se encuentra en el centro de una intensa controversia tras la reciente agresión sexual a una mujer en las cercanías del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED). Este incidente ha desatado una serie de protestas por parte de los vecinos, quienes expresan su preocupación por la seguridad en la zona. La alcaldesa, Judith Piquet Flores, ha anunciado su intención de presentar una moción en el próximo Pleno del Ayuntamiento para solicitar el cierre del centro, argumentando que su funcionamiento ha superado la capacidad permitida y ha generado un ambiente de inseguridad.
La situación se ha vuelto tensa en Alcalá, donde la comunidad ha manifestado su descontento. La alcaldesa Piquet ha señalado que el CAED alberga a más de 1.700 personas, lo que, según ella, ha afectado la convivencia y la calidad de vida de los residentes locales. «Este centro no solo ha superado su capacidad, sino que ha afectado la convivencia y seguridad de nuestros vecinos. Alcalá necesita recuperar su normalidad», declaró Piquet en una reciente entrevista. La moción que se presentará busca el apoyo de todos los grupos políticos para exigir el cierre del CAED y una gestión más equitativa de los centros de acogida en todo el país.
La alcaldesa también ha destacado la rápida intervención de las fuerzas de seguridad en la detención del presunto agresor, un hombre de origen maliense. Este hecho ha llevado a la comunidad a unirse en apoyo a la víctima, y el Ayuntamiento ha ofrecido asistencia a la familia afectada. Piquet enfatizó la importancia de restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la seguridad de las familias en Alcalá.
### La Respuesta de la Comunidad y la Política Local
La respuesta de la comunidad ha sido contundente, con protestas que han culminado en enfrentamientos con la Policía Nacional. Los residentes han expresado su frustración ante lo que consideran una falta de control y planificación en la gestión del CAED. La alcaldesa ha instado al Gobierno de España a gestionar de manera más equitativa la distribución de los centros de acogida, señalando que la situación actual no solo afecta a Alcalá, sino que es un problema que se extiende a otras localidades.
La moción que se presentará en el Pleno del Ayuntamiento el próximo 15 de julio es un intento de canalizar el descontento de los vecinos y buscar soluciones a largo plazo. Piquet ha manifestado que es fundamental que las familias de Alcalá puedan retomar sus actividades cotidianas sin temor, y que el CAED no sea un obstáculo para su bienestar. La alcaldesa ha reiterado la necesidad de un plan de seguridad para todos los centros de acogida, lamentando la falta de respuesta del Gobierno a sus solicitudes durante los últimos 20 meses.
Por otro lado, la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha acusado a los partidos tradicionales, como el PP y el PSOE, de complicidad en la situación, argumentando que son responsables de la inseguridad que sienten los ciudadanos. Pérez Moñino ha instado a la sociedad a reaccionar ante lo que considera una «invasión de salvajes» y ha exigido un control más estricto de las fronteras y la expulsión de inmigrantes en situación irregular.
### La Perspectiva del Gobierno y la Seguridad Pública
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha respondido a las acusaciones de racismo y ha defendido la actuación de las autoridades en la gestión de la seguridad. Martín ha señalado que la preocupación por la seguridad no debe estar condicionada por el origen étnico de los presuntos agresores. En su intervención, destacó que el CAED opera con normalidad y que los incidentes son atendidos de la misma manera que cualquier otro caso de agresión en la región.
Martín ha criticado la postura del PP y ha señalado que la alarma social se genera de manera desproporcionada cuando el agresor es de origen migrante. «Esto tiene un nombre y eso es con lo que tenemos que acabar, tenemos que acabar con ese racismo que algunos promueven en sus discursos», afirmó. Además, el delegado ha lamentado que la situación actual haya llevado a disturbios en la ciudad, lo que refleja una falta de responsabilidad en la gestión del discurso político.
La controversia en Alcalá de Henares pone de manifiesto las tensiones que existen en torno a la gestión de los centros de acogida y la seguridad pública. A medida que se acerca la fecha del Pleno del Ayuntamiento, se espera que la moción presentada por la alcaldesa reciba un amplio respaldo, aunque la respuesta de los grupos políticos de izquierda podría complicar el panorama. La situación en Alcalá es un reflejo de un debate más amplio sobre la inmigración, la seguridad y la convivencia en las ciudades españolas, y cómo estas cuestiones son abordadas por los diferentes actores políticos.
