La reciente crisis energética en España ha puesto en el centro del debate público un apagón masivo que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril. Este evento ha generado una serie de reacciones y acusaciones entre las principales entidades del sector eléctrico, revelando no solo la fragilidad del sistema, sino también la falta de responsabilidad y transparencia en la gestión de las empresas involucradas. A medida que los informes sobre el incidente se han ido publicando, la incertidumbre sobre las causas y las responsabilidades ha crecido, dejando a los consumidores con la carga de los costos adicionales que este apagón ha generado.
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha estado en el ojo del huracán desde el apagón. A pesar de no tener experiencia previa en el sector energético, fue nombrada en su puesto en febrero de 2020. Desde entonces, su gestión ha sido cuestionada, especialmente tras el apagón, que ha sido calificado por muchos como un fracaso en la planificación y gestión del sistema eléctrico. A pesar de las críticas y la presión por parte de los accionistas y la opinión pública, Corredor ha mantenido su cargo, lo que ha llevado a especulaciones sobre la protección política que recibe de la administración actual.
El apagón ha tenido repercusiones económicas significativas. Empresas de diversos sectores, como la química Ercros, han comenzado a reportar pérdidas atribuibles directamente a este evento. Ercros, por ejemplo, ha estimado que podría perder hasta 26 millones de euros en el semestre, lo que pone de manifiesto el impacto que un fallo en la infraestructura eléctrica puede tener en la economía de las empresas y, por ende, en el empleo y la estabilidad económica del país. La situación ha llevado a un aumento en las quejas de los consumidores, quienes ya están viendo reflejados los sobrecostes en sus facturas de luz, consecuencia del modelo reforzado de Red Eléctrica.
La falta de claridad sobre las causas del apagón ha sido un punto de fricción entre las distintas partes involucradas. Los informes presentados por el Gobierno, Redeia y las grandes eléctricas agrupadas en Aelec no han logrado esclarecer la situación. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha sido criticada por no proporcionar respuestas satisfactorias, lo que ha llevado a un clima de desconfianza entre las empresas y el regulador de la competencia, la CNMC. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha optado por no culpar a las energías renovables, a diferencia de otros expertos que han señalado que la falta de integración de estas fuentes en el sistema podría haber contribuido al apagón.
Las acusaciones entre las eléctricas han sido intensas. Ignacio S. Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, ha calificado la gestión de Redeia como «temeraria y negligente», mientras que Miguel Stilwell, consejero delegado de EDP, ha enfatizado que la responsabilidad de asegurar el sistema recae en Redeia. Este cruce de acusaciones no solo refleja la tensión entre las empresas, sino también la falta de un liderazgo claro y efectivo en la gestión del sistema eléctrico español.
A medida que la situación se desarrolla, los pequeños accionistas de Redeia han comenzado a exigir responsabilidades a Corredor, lo que ha llevado a una serie de reuniones telemáticas donde se han expresado críticas contundentes hacia la gestión actual. Sin embargo, la respuesta de Corredor ha sido despectiva, sugiriendo que los accionistas habían adquirido sus acciones poco antes de la reunión, lo que ha generado aún más descontento entre los inversores.
La crisis energética en España no solo pone de relieve la fragilidad del sistema eléctrico, sino que también plantea preguntas sobre la gobernanza y la responsabilidad en la gestión de recursos críticos. La falta de transparencia y la incapacidad para asumir responsabilidades por parte de los líderes del sector eléctrico han llevado a una creciente desconfianza entre los consumidores y las empresas. A medida que se espera la publicación del informe de la CNMC, la presión sobre Redeia y su presidenta aumentará, y será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses. La situación actual es un recordatorio de la importancia de una gestión eficiente y responsable en el sector energético, especialmente en un momento en que la transición hacia fuentes de energía más sostenibles es más necesaria que nunca.
