El encarcelamiento de las sindicalistas conocidas como las Seis de la Suiza ha desatado un intenso debate político en España, especialmente entre los sectores de izquierda. Este caso, que comenzó como una condena judicial por una protesta laboral en Gijón en 2017, ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de la lucha por la libertad sindical y el derecho a la protesta. La negativa del PSOE a indultar a estas mujeres ha generado una ola de indignación y ha puesto en jaque la estabilidad del actual gobierno.
**Un Contexto Judicial Controvertido**
Las Seis de la Suiza fueron condenadas a tres años y medio de prisión y a pagar una cuantiosa indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, tras su participación en un piquete durante una campaña de denuncia por acoso laboral y sexual a una trabajadora en 2017. La sentencia, emitida por el juez Lino Rubio, consideró que las sindicalistas incurrieron en coacciones graves al empleador, mientras que ellas defendían su acción como una legítima defensa de los derechos laborales.
La controversia se intensificó cuando, tras agotar todos los recursos legales, las seis activistas decidieron entregarse voluntariamente a prisión el 10 de julio. Esta decisión fue vista por muchos como una clara indefensión jurídica, lo que ha llevado a un creciente apoyo público en favor de su liberación. El sindicato CNT, al que pertenecían las acusadas, solicitó formalmente el indulto por motivos humanitarios, recibiendo el respaldo del Gobierno del Principado de Asturias y de una parte significativa de la ciudadanía.
**Reacciones y Apoyos en la Izquierda**
La situación ha provocado una respuesta contundente de varios partidos de izquierda, incluyendo ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG, quienes han registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno a indultar a las Seis de la Suiza. Esta iniciativa refleja la presión creciente sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se encuentra en una posición delicada, ya que su negativa a actuar ha generado malestar incluso dentro de su propia base social.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido una de las voces más destacadas en apoyo a las sindicalistas. Se reunió con ellas poco antes de su ingreso en prisión y ha expresado su escándalo ante la condena. Sin embargo, su postura contrasta con la del resto del Ejecutivo, que ha mantenido una actitud más cautelosa y ha evitado pronunciarse en profundidad sobre el caso.
La negativa del PSOE a respaldar el indulto ha llevado a sus socios a cuestionar su compromiso con los derechos sociales y sindicales. La proposición no de ley presentada en el Congreso busca forzar al Gobierno a tomar una posición clara y reabrir el debate sobre el uso de indultos en casos relacionados con la protesta social. Para muchos, el castigo a las Seis de la Suiza representa un ejemplo de represión judicial desproporcionada, y advierten sobre el peligro de que se sienten precedentes que amenacen el ejercicio de derechos fundamentales.
El PSOE se encuentra atrapado en una difícil disyuntiva: por un lado, teme dar la imagen de injerencia en la justicia en un contexto político cada vez más polarizado; por otro, su negativa a actuar en un caso con una fuerte carga simbólica puede alejarlo aún más de las fuerzas que lo sostienen en el poder. Mientras tanto, las Seis de la Suiza cumplen condena, convertidas en símbolo de una lucha mucho más amplia que la de un conflicto laboral en una pastelería de Gijón.
Este caso ha puesto de manifiesto las tensiones dentro del bloque de la legislatura, donde la falta de apoyo del PSOE a las demandas de sus socios ha generado un clima de descontento. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del Gobierno y su capacidad para mantener la cohesión entre sus aliados, especialmente en un momento en que la presión social y política está en aumento.
Las Seis de la Suiza, ahora en prisión, han visto cómo su lucha ha trascendido el ámbito laboral, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra la represión judicial y en un llamado a la defensa de los derechos fundamentales. La incertidumbre sobre su futuro legal, ya sea a través de un indulto por parte del Gobierno o una eventual resolución favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, añade una capa más de complejidad a un caso que sigue resonando en la sociedad española.
