En un contexto de creciente preocupación por la devastación ambiental, miles de personas se han manifestado en Galicia y Castilla y León, exigiendo una respuesta más efectiva ante los incendios forestales que han asolado estas regiones. Las movilizaciones, que se llevaron a cabo en una treintena de municipios gallegos, tuvieron como eje central la ciudad de Ourense, donde los manifestantes clamaron por un «monte libre de incendios» y pidieron la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La plataforma Por un monte galego con futuro, que agrupa a más de 50 colectivos, organizó estas protestas para denunciar lo que consideran una «tragedia ambiental, social y cultural».
Las cifras de participación fueron significativas, con estimaciones que indican que alrededor de 45.000 personas se unieron a las protestas en toda Galicia. En Vigo, la ciudad más poblada de la región, los manifestantes marcharon desde la Farola de Urzáiz hasta el edificio de la Xunta, coreando consignas como «¡Alfonso Rueda, dimisión!» y «¡Galicia arde, Rueda responsable!». La situación se ha vuelto crítica, con incendios activos en localidades cercanas como Vilaboa y Oia, lo que ha intensificado la urgencia de una respuesta gubernamental adecuada.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo presente en la concentración de Vigo, donde abogó por la implementación de políticas de prevención de incendios y la recuperación del medio rural. Díaz, acompañada de representantes del Movemento Sumar Galicia, destacó la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal encargado de la extinción de incendios. Asimismo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticó la gestión de la Xunta en relación a los incendios, mientras que Néstor Rego, portavoz del BNG en el Congreso, pidió un «punto de inflexión» en las políticas forestales.
Las críticas hacia el gobierno de Rueda no se limitaron a la falta de acción ante los incendios, sino que también se dirigieron a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, a quien se le reprochó su enfoque en la limpieza de montes en lugar de asegurar su productividad. En el manifiesto leído al final de la concentración, los convocantes denunciaron que la ola de incendios ha provocado un «Prestige del interior», haciendo alusión a la catástrofe del petrolero Prestige en 2002, y exigieron la creación de un servicio público de bomberos forestales gestionado directamente por la Xunta.
Entre las demandas de los manifestantes se incluyeron la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas, la suspensión de la caza y la pesca en las zonas devastadas para permitir la regeneración de las especies, y una moratoria indefinida a nuevas plantaciones de eucaliptos. La situación en Galicia ha puesto de relieve la necesidad de un cambio en la gestión forestal y en las políticas de prevención de incendios, en un contexto donde las condiciones climáticas adversas han exacerbado la propagación de los incendios.
En Castilla y León, las manifestaciones también se hicieron sentir, con concentraciones convocadas por Podemos Salamanca en la Plaza Mayor de la ciudad. Alrededor de 300 personas se unieron para exigir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quienes se les atribuye la responsabilidad por la gestión de los incendios forestales. La portavoz de Podemos Salamanca, Aurora Zarco, subrayó la importancia de cuidar la masa forestal, especialmente en invierno, cuando se producen despidos en el personal encargado de la prevención.
En Ponferrada, cientos de personas se congregaron en la plaza del Ayuntamiento para rendir homenaje a las víctimas de los incendios y exigir responsabilidades a la Junta de Castilla y León. La recién formada plataforma Stop Incendios en el Noroeste Peninsular también se unió a las protestas, reclamando un cambio profundo en la gestión forestal y en la política de extinción de incendios. Una de las portavoces del colectivo, Adriana González, enfatizó que la respuesta de las administraciones ha sido «tardía e insuficiente», y que las responsabilidades deben ser depuradas, incluso en los tribunales.
La situación actual en Galicia y Castilla y León resalta la urgencia de abordar la crisis de los incendios forestales desde una perspectiva integral que contemple no solo la extinción de los fuegos, sino también la prevención y la gestión sostenible de los recursos naturales. Las movilizaciones de este jueves son un claro indicativo de que la ciudadanía está dispuesta a alzar la voz y exigir cambios significativos en la política ambiental y forestal de sus comunidades. La presión social podría ser un factor determinante para que los gobiernos regionales reconsideren sus estrategias y prioricen la protección del medio ambiente y la seguridad de sus habitantes.
