La reciente ola de megaincendios en España ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar la emergencia climática de manera efectiva y colectiva. Ante esta situación, el Gobierno ha propuesto un Pacto de Estado por la emergencia climática, una iniciativa que, aunque llega tarde, representa una oportunidad para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el futuro del medio ambiente. Este pacto, impulsado por la sociedad civil y la comunidad científica, busca establecer un marco de participación ciudadana que permita a los ciudadanos tener voz y voto en las políticas climáticas que les afectan directamente.
La propuesta de un Pacto de Estado surge tras un llamamiento realizado en 2023 por un colectivo de expertos y ciudadanos preocupados por la crisis climática. Este grupo, conocido como Democracia por el Clima, aboga por la creación de Asambleas Ciudadanas por el Clima, que funcionarían como órganos permanentes de deliberación y decisión a nivel autonómico y local. Este modelo ha demostrado ser exitoso en varios países europeos, donde la participación ciudadana ha llevado a decisiones más inclusivas y efectivas en materia ambiental.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido tardía y ha estado marcada por la presión de los recientes desastres naturales. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado el pacto en un contexto de crisis, mientras se despliegan recursos militares para combatir los incendios. Esta situación plantea interrogantes sobre la sinceridad y la efectividad de la propuesta. La clave para el éxito del pacto radica en su capacidad para trascender la política del espectáculo y fomentar un compromiso real y duradero con la ciudadanía.
### La Oportunidad de un Cambio Real
El Partido Popular (PP), que inicialmente se opuso al Pacto de Estado, ha mostrado una apertura a participar en las negociaciones, lo que podría representar una oportunidad para redefinir su postura en cuestiones ambientales. La necesidad de diferenciarse de su socio Vox y de la retórica extremista puede llevar al PP a adoptar una postura más responsable en materia de sostenibilidad. Esta estrategia podría ser crucial para recuperar la credibilidad perdida entre los votantes, especialmente entre los jóvenes que demandan acciones concretas frente a la crisis climática.
Por otro lado, la izquierda española también enfrenta un desafío significativo. Desde la declaración de emergencia climática en 2020, los partidos como PSOE, Podemos y Sumar no han logrado conectar con una mayoría social que comprenda la gravedad de la crisis. La falta de un modelo alternativo al oligopolio energético ha generado desafección entre sus bases, lo que pone en riesgo su capacidad para liderar un cambio significativo. La creación de un “frente verde” que integre a diferentes sectores de la sociedad podría ser una solución viable para movilizar a la ciudadanía en torno a la causa climática.
El reto es claro: avanzar hacia una cultura de participación y control ciudadano que permita una transición ecológica justa. La experiencia de la Asamblea por el Clima de 2022, que careció de respaldo político, debe servir como lección para construir un modelo que realmente escuche y responda a las demandas de la ciudadanía. La desconexión entre las grandes ONG y las luchas locales ha erosionado la confianza en estas organizaciones, lo que hace aún más urgente la necesidad de un pacto que incluya a la ciudadanía en su diseño y ejecución.
### La Desconexión del Ecologismo Social
El ecologismo social se encuentra en una encrucijada. A pesar de su importancia, ha logrado escaso impacto fuera de sus círculos afines y se ha visto atrapado en una “burbuja verde” que a menudo ignora las luchas locales. La falta de apoyo a colectivos territoriales que se oponen a proyectos de macroplantas fotovoltaicas y eólicas ha generado un sentimiento de abandono entre estos grupos. La desconexión entre las grandes ONG y la ciudadanía es un problema que debe ser abordado para revitalizar el movimiento ecologista en España.
La reciente propuesta de un Parlamento Ciudadano Climático Permanente, presentada por Greenpeace y Oxfam, es un ejemplo de cómo se puede avanzar hacia una mayor inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones climáticas. Sin embargo, la ausencia de muchas grandes ONG en este tipo de iniciativas refleja la falta de un enfoque colectivo y renovado en el ecologismo español. La participación ciudadana debe ser un eje central en cualquier pacto climático si se quiere lograr un cambio real y duradero.
La crisis de liderazgo en el ecologismo, evidenciada por la falta de conexión con los jóvenes y la desconfianza hacia las grandes organizaciones, requiere una renovación urgente. La creación de un relato democrático que integre la emergencia climática y que sea capaz de movilizar a la ciudadanía es esencial para construir un movimiento inclusivo y efectivo. La lucha contra el cambio climático no solo es una cuestión ambiental, sino también una cuestión de justicia social y democracia.
En este contexto, el Pacto de Estado por la emergencia climática debe ser un llamado a la acción que trascienda las diferencias políticas y que fomente un compromiso real con la ciudadanía. La participación activa de los ciudadanos en la construcción de políticas climáticas es fundamental para garantizar un futuro sostenible y justo para todos. La hora de actuar es ahora, y el camino hacia un pacto climático inclusivo y efectivo está en manos de la sociedad.
