El Consejo de Ministros ha tomado una decisión crucial al declarar 118 territorios como «zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil». Esta medida se implementa en respuesta a los devastadores incendios y fuertes lluvias que han azotado diversas regiones de España desde finales de junio. El objetivo es facilitar que los damnificados puedan acceder a ayudas económicas y recursos necesarios para la recuperación.
La propuesta, impulsada por el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, busca activar el procedimiento para que las personas afectadas puedan solicitar ayudas conforme a la Ley 17/2015, que establece el Sistema Nacional de Protección Civil. Desde el 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha registrado un total de 118 emergencias, de las cuales 113 están relacionadas con incendios forestales que han alcanzado niveles operativos 1 o 2 en 16 de las 17 comunidades autónomas, excluyendo únicamente a Euskadi. Las regiones más afectadas incluyen Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.
Además de los incendios, también se han reportado inundaciones y riadas en comunidades como Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia, lo que ha llevado a una situación de emergencia en múltiples frentes. El Gobierno ha destacado la gravedad de la situación, que ha resultado en daños personales y materiales significativos, incluyendo la pérdida de vidas y la destrucción de infraestructuras.
Las tres oleadas de incendios que han afectado al país han sido particularmente devastadoras. La primera ola se produjo a finales de junio, con incendios en Alicante, Madrid, Toledo, Sevilla y Valencia. La segunda ola comenzó el 7 de julio en Tarragona, resultando en la muerte de una persona y múltiples heridos. La tercera ola, que comenzó el 8 de agosto, ha sido la más destructiva, con incendios activos en comunidades como Asturias, Castilla y León y Galicia.
El Gobierno ha anunciado que se implementarán ayudas directas para cubrir daños personales y materiales, así como gastos de corporaciones locales y establecimientos industriales. Además, se contempla la posibilidad de exenciones fiscales y laborales para facilitar la recuperación de los afectados. El compromiso del Gobierno es claro: «Ciudadanos e instituciones van a tener de su lado al Gobierno y tendrán todas las ayudas necesarias», afirmó Marlaska en una reciente rueda de prensa.
La respuesta del Gobierno también incluye medidas de otros ministerios, que podrán declarar zonas de actuación especial y facilitar la emergencia de obras para reparar infraestructuras dañadas. Estas acciones son parte de un esfuerzo coordinado para mitigar los efectos de las emergencias climáticas y apoyar a las comunidades afectadas.
La situación actual resalta la necesidad de una gestión más efectiva de los recursos y una planificación adecuada para enfrentar los desafíos que presentan los fenómenos climáticos extremos. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la participación activa de la ciudadanía son esenciales para construir una respuesta resiliente ante futuras emergencias. El compromiso del Gobierno de España es un paso importante hacia la recuperación y la reconstrucción de las áreas afectadas, pero también plantea la necesidad de reflexionar sobre las políticas de prevención y gestión de emergencias en el contexto del cambio climático.
