En la actualidad, el debate sobre la energía nuclear en España se ha intensificado, especialmente en el contexto del cierre de la central nuclear de Almaraz. La empresa Redeia, presidida por la exministra Beatriz Corredor, ha manifestado su apoyo al cierre de esta fuente de energía, a pesar de las advertencias sobre el riesgo de apagón que provienen de diversas fuentes, incluida la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO-e).
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha centrado su atención en el Plan Moves III, que busca fomentar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Sin embargo, su silencio ante las críticas de expertos como Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, ha generado inquietud. Birol ha sugerido que el Gobierno debería reconsiderar el cierre de las centrales nucleares, dado que la energía nuclear sigue siendo una de las principales fuentes de producción eléctrica en el país y no emite CO2.
El informe de la Evaluación Europea de Adecuación de Recursos (ERAA) 2024 ha señalado que España podría enfrentar un riesgo de apagón de hasta 4 horas anuales para 2026, aumentando a 4.8 horas para 2028, coincidiendo con el cierre previsto de los reactores de Almaraz. Este informe ha sido respaldado por la ENTSO-e, que advierte sobre la inminente pérdida de capacidades energéticas significativas.
A pesar de estas advertencias, Redeia ha insistido en que no existe riesgo de apagón, afirmando que el suministro eléctrico está garantizado. Sin embargo, el informe anual financiero de la compañía, elaborado por EY, contradice esta afirmación, sugiriendo que la operación del sistema eléctrico podría enfrentar dificultades, lo que podría afectar la reputación de la empresa y la estabilidad del suministro.
La Plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’ ha llevado a cabo una iniciativa llamada ‘El gran apagón’, donde monumentos y lugares emblemáticos de varias ciudades se apagaron durante un minuto como símbolo de protesta contra el cierre de la central nuclear. El alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, ha enfatizado la importancia de Almaraz para la estabilidad del sistema eléctrico y la soberanía energética del país.
En este contexto, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha renovado a varios de sus miembros, incluyendo a Pilar Lucio, quien ha generado controversia al afirmar que no es necesario tener conocimientos técnicos extraordinarios para ser consejero del CSN. Esta declaración ha suscitado críticas, especialmente en redes sociales, donde se cuestiona la idoneidad de los nuevos nombramientos.
El debate sobre la energía nuclear en España no solo se centra en la viabilidad técnica, sino también en la percepción pública y política. La oposición al cierre de Almaraz se ha intensificado, con voces que argumentan que la clausura de esta central podría poner en riesgo la soberanía energética del país, especialmente en un contexto global incierto.
A medida que se acercan los plazos para el cierre de las centrales nucleares, la presión sobre el Gobierno para que reevalúe su postura se incrementa. La combinación de la necesidad de garantizar un suministro eléctrico estable y la transición hacia energías más limpias plantea un dilema complejo que requiere un enfoque equilibrado y bien fundamentado. La situación actual refleja la tensión entre la necesidad de avanzar hacia un futuro energético sostenible y la realidad de las capacidades actuales del sistema eléctrico español.
