Los Mossos d’Esquadra han iniciado el desalojo de tres viviendas en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Se trata del primer paso de un macrodesahucio que afectará a 58 pisos públicos ocupados desde 2017. El operativo incluyó cinco furgones y agentes antidisturbios. Frente a ellos, medio centenar de manifestantes rechazaron la expulsión. El proceso se prolongará hasta diciembre de 2026.
¿Qué justifica legalmente el desahucio de viviendas públicas ocupadas?
El Consorcio de La Mina —integrado por la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià, y la Diputación de Barcelona— denunció las ocupaciones en 2017. Las viviendas pertenecen al patrimonio público y estaban destinadas al realojo de vecinos del bloque Venus, cuya demolición se aprobó en 2002. La ocupación masiva se produjo un día tras descubrirse que una familia del barrio recibía pagos irregulares para vigilar los pisos. Un ex teniente de alcalde fue condenado por ello.
El vacío administrativo como factor clave
Las 58 viviendas llevaban al menos siete años sin uso. Dejaron de estar vigiladas un mes antes de la ocupación. Ese vacío permitió la toma masiva, pero no invalida la titularidad pública. La Ley 1/2013 de medidas de protección de los deudores hipotecarios no aplica aquí: no hay deuda ni hipoteca. Se trata de ocupación ilegal de bienes públicos, regulada por el Código Penal (art. 245) y la Ley de Propiedad Horizontal.
¿Qué derechos tienen los ocupantes vulnerables?
Dos de las tres familias desalojadas hoy presentaron recientemente un informe de vulnerabilidad. Acreditan carecer de recursos para alquilar o comprar una vivienda. No se les ha ofrecido alternativa habitacional. El Estatuto de los Derechos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional exige que las administraciones actúen con proporcionalidad. Pero no suspende la restitución de bienes públicos ocupados sin autorización.
El papel del Sindicat d’Habitatge
El Sindicat d’Habitatge del Besòs i la Verneda denuncia que el desalojo agrava la crisis de vivienda asequible. Exige que el Consorcio priorice soluciones habitacionales reales, no solo desahucios. Su acción forma parte de una estrategia de presión para que se reactive el plan Venus con financiación real y plazos concretos.
¿Cuál es el impacto económico y social del macrodesahucio?
Recuperar las 58 viviendas tiene un valor estimado de más de 12 millones de euros, según cálculos inmobiliarios locales. Su reasignación al plan Venus evitaría gastos adicionales en alquileres sociales temporales. Pero el coste social es alto: el barrio acumula tensiones desde 2017. La tasa de pobreza en La Mina supera el 38%, muy por encima de la media catalana. Cada desahucio sin alternativa real alimenta la inestabilidad residencial y el riesgo de reocupación.
Marco legal vigente en Cataluña
La Ley 24/2015 de Vivienda de Cataluña obliga a las administraciones a garantizar el acceso a la vivienda. Pero también protege la integridad del patrimonio público. El Decreto-Ley 12/2022 refuerza los mecanismos contra ocupaciones ilegales, especialmente en inmuebles vacíos de titularidad pública. No contempla moratorias automáticas por vulnerabilidad, sino evaluaciones caso por caso.
¿Qué sucede con el plan Venus tras el desahucio?
El bloque Venus sigue en pie desde 2002. Su demolición se aprobó, pero no se ejecutó por falta de financiación y consenso. Las 58 viviendas de La Mina fueron construidas como alternativa. Ahora, el Consorcio insiste en que su recuperación es indispensable para avanzar. Sin embargo, no hay fecha concreta para el inicio de las obras ni para el traslado de las familias afectadas.
Datos Clave
- Las 58 viviendas fueron ocupadas simultáneamente el 23 de mayo de 2017.
- Llevaban mínimo siete años vacías, sin mantenimiento ni vigilancia.
- El desahucio se ejecuta bajo amparo del artículo 245 del Código Penal.
- El Sindicat d’Habitatge exige un plan habitacional urgente, no solo desalojos.
- El valor patrimonial estimado de los pisos es superior a 12 millones de euros.
- La tasa de pobreza en La Mina es del 38,2%, según el Idescat 2025.
El conflicto en La Mina no es solo jurídico. Es un espejo de la crisis estructural de vivienda en el área metropolitana de Barcelona. Mientras no se resuelva el estancamiento del plan Venus, los desahucios seguirán generando tensión social. La ley permite recuperar los pisos. Pero la gobernabilidad exige respuestas habitacionales reales, no solo actuaciones policiales.
