El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, será el primer edil afectado en declarar ante el juzgado de Catarroja por la gestión de la dana de Valencia de octubre de 2024. Su comparecencia, fijada para el 7 de mayo de 2026, marca el inicio de un ciclo judicial que involucra a 27 alcaldes de municipios golpeados por la riada. La investigación profundiza en la coordinación interadministrativa, los tiempos de respuesta y la aplicación de medidas de protección de la población.
¿Por qué el alcalde de Utiel es el primero en declarar?
Utiel registró seis fallecidos y fue uno de los municipios más afectados desde las primeras horas de la catástrofe. La jueza del juzgado de Catarroja destacó la anticipación operativa de Gabaldón: ordenó el cierre de centros escolares antes de que la Generalitat emitiera alertas oficiales. Esa decisión, tomada sin instrucción previa, superó el nivel de precaución recomendado por la administración autonómica.
La gestión local frente al marco autonómico
El alcalde actuó tras observar el deterioro del cauce del río Turia y la saturación de los sistemas de drenaje. Su acción no dependió de órdenes superiores. La jueza subrayó que su conducta se alineó con los principios de precaución y responsabilidad institucional, no con la omisión o la demora.
¿Qué revelan las llamadas con la consellera Salomé Pradas?
El registro telefónico aportado por Pradas muestra trece intentos de contacto entre Gabaldón y la entonces consellera. Ocho llamadas no se completaron. A las 14:00 horas, el alcalde informó de la gravedad de la situación. Tras coordinarse con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, Pradas activó la Unidad Militar de Emergencias (UME). Este flujo de información evidencia una cadena de toma de decisiones fragmentada, pero funcional en su punto crítico.
El rol del expresident Carlos Mazón
Una línea de investigación gira en torno a las comunicaciones entre Mazón y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, horas antes del colapso. No hay constancia de que Gabaldón participara directamente en esas conversaciones. Su actuación se desarrolló en el ámbito estrictamente municipal, sin dependencia jerárquica del Govern.
¿Qué implica legalmente la comparecencia de un alcalde en este tipo de causas?
La comparecencia no implica imputación automática. En este caso, la jueza ya rechazó la imputación contra Gabaldón. Su declaración forma parte de la fase de investigación oral, donde se contrastan versiones y se verifica la coherencia de las actuaciones. El marco legal aplicable es la Ley de Protección Civil y el Código Penal, especialmente los artículos sobre omisión del deber de socorro y negligencia grave en la gestión de emergencias.
El impacto económico de la dana en Utiel
Utiel sufrió daños estimados en más de 42 millones de euros. Se afectaron 140 viviendas, 32 comercios y 17 explotaciones agrícolas. El sector vitivinícola —pilar económico del municipio— registró pérdidas de cosecha y deterioro de infraestructuras de almacenamiento. La reconstrucción sigue pendiente de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
¿Cómo se articula la responsabilidad política en emergencias complejas?
La dana de Valencia puso en evidencia la falta de protocolos unificados entre administraciones. La coordinación vertical (municipal–autonómica–estatal) y la coordinación horizontal (entre ayuntamientos) carecían de canales estandarizados. Gabaldón actuó con los recursos locales disponibles, sin acceso en tiempo real a los modelos hidrológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ni a los mapas de riesgo actualizados de la Dirección General de Protección Civil.
Datos Clave
- Utiel registró 6 víctimas mortales, la segunda cifra más alta entre los municipios afectados.
- El alcalde ordenó el cierre de escuelas antes de las 9:00 horas, horas antes del aviso oficial de la Generalitat.
- La jueza descartó su imputación, al considerar sus acciones coherentes con el deber de protección.
- Se han identificado 27 alcaldes citados a declarar; 12 ya tienen fecha asignada.
- El coste total de los daños en la comarca de Requena-Utiel supera los 89 millones de euros.
El caso de Utiel no es solo un episodio judicial. Es un espejo de las tensiones estructurales entre autonomía local y capacidad de respuesta coordinada. La gestión de Gabaldón se convierte así en un referente práctico para la reforma del Plan Nacional de Protección Civil, actualmente en fase de consulta pública. La experiencia de Utiel está siendo incorporada como caso de estudio en los cursos de formación de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP).
