Un hombre de 52 años fue detenido en Cassà de la Selva por operar una perrera no registrada, mantener 18 perros en condiciones insalubres y albergar un cultivo clandestino de marihuana. Los Mossos d’Esquadra actuaron tras una denuncia por maltrato animal. La operación reveló graves incumplimientos legales, riesgos sanitarios y una infraestructura eléctrica adaptada para el cultivo ilícito.
¿Qué hizo la policía tras la denuncia por mal estado de un perro?
Los agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) acudieron el 10 de abril a una finca tras una denuncia por el estado de un perro. Encontraron 18 perros sin atención veterinaria adecuada, sin registro como núcleo zoológico, y en instalaciones sin higiene ni ventilación mínima.
No existía licencia municipal ni autorización de la Generalitat para la cría, ni como perrera deportiva ni como centro de alojamiento canino. La falta de registro impide el control sanitario, la trazabilidad de los animales y la supervisión de bienestar.
¿Cómo se descubrió el cultivo de marihuana oculto?
Durante la inspección, los Mossos detectaron una trampa de acceso oculta: una tapa en el suelo de la caseta que conducía a un sótano mediante escaleras metálicas. Allí hallaron un cultivo profesional de 176 plantas de marihuana, todas en fase avanzada de floración y con una altura cercana al metro.
El sistema de cultivo incluía infraestructura técnica sofisticada: 22 transformadores, 22 focos LED, 4 ventiladores, 2 aires acondicionados y 4 filtros de aire. Todo estaba conectado a la red eléctrica sin autorización, lo que supone un riesgo de sobrecarga y accidente.
¿Qué delitos se imputan al detenido?
El hombre fue detenido por un delito contra la salud pública, según el artículo 368 del Código Penal. No se le imputa tráfico, sino producción ilícita a gran escala. La posesión de más de 100 plantas activas se considera, por jurisprudencia del Tribunal Supremo, actividad con finalidad de distribución.
También se investiga la posible comisión de infracciones administrativas graves: incumplimiento de la Ley 32/2007 de servicios de la sociedad de la información, la Ley 33/2011 de salud pública, y la Ley 5/2008 de protección de los animales de Cataluña.
¿Cuál es el impacto económico y legal de este tipo de operaciones?
Estos casos tienen un doble impacto: económico y regulatorio. El cultivo oculto evita el pago de impuestos, distorsiona el mercado legal emergente y genera costes públicos en inspección, saneamiento y atención veterinaria de animales rescatados.
Desde 2023, Cataluña ha intensificado controles en núcleos zoológicos no declarados. El 62 % de las inspecciones en 2025 detectaron infracciones graves, según el Departament d’Agricultura. Además, el uso de instalaciones rurales para cultivos ilícitos ha aumentado un 41 % en la provincia de Girona.
Datos Clave
- 18 perros rescatados en estado de desnutrición y parasitosis
- 176 plantas de marihuana intervenidas en fase de floración
- 22 transformadores y 22 focos LED instalados sin autorización eléctrica
- Finca sin registro como núcleo zoológico, perrera deportiva ni centro de cría
- Detenido por delito contra la salud pública (art. 368 CP), no por tráfico
Marco legal aplicable
La Ley 5/2008 de protección de los animales exige registro obligatorio de cualquier actividad con más de tres perros. La Orden ARM/1005/2022 regula los requisitos técnicos de las perreras: superficie mínima, ventilación, limpieza diaria y acceso veterinario. El cultivo de marihuana sin autorización sanitaria o agrícola vulnera la Ley 25/2015 de regulación del cannabis, que prohíbe expresamente cultivos no autorizados, incluso en espacios privados.
Contexto actual
Este caso refleja una tendencia creciente: la convergencia entre actividades ganaderas no reguladas y cultivos ilícitos. Según la Agencia de Salud Pública de Cataluña, el 38 % de los cultivos intervenidos en 2025 estaban ocultos tras actividades agropecuarias informales. La falta de coordinación entre inspección veterinaria, eléctrica y antidroga sigue siendo un punto débil en la prevención.
