Aisatu nació en noviembre de 2019 en el Hospital Santa Caterina de Girona con asfixia neonatal moderada por desprendimiento placentario parcial. Hoy tiene una discapacidad del 96%, dependencia total y requiere soporte vital continuo. Un juzgado de Girona ha procesado a una doctora y dos comadronas, y ha exigido una fianza de 3,2 millones de euros por presunta imprudencia profesional grave.
¿Qué implica la imputación por mala praxis en un parto?
La Plaza 4 de la Sección Instrucción del Tribunal de Instancia de Girona ha determinado que hubo falta de vigilancia adecuada durante el parto prematuro de Aisatu. Las sanitarias no detectaron a tiempo el deterioro fetal, pese a que la madre ingresó con dolores abdominales y vómitos a las 8:15 horas. La monitorización cardiaca fetal falló tres veces, retrasando la identificación del sufrimiento fetal.
El fallo técnico no fue aislado: se vincula con una cadena de decisiones clínicas que omitieron la escalada de alertas y la derivación urgente a cesárea. Esto activó el procedimiento penal por lesiones graves con resultado irreversible, figura tipificada en el artículo 149 del Código Penal español.
¿Quiénes responden civil y penalmente?
La responsabilidad no recae solo sobre los profesionales. El juzgado ha incluido como responsables civiles al Servei Català de Salut y a las aseguradoras del hospital. Esto refleja la doctrina consolidada del Tribunal Supremo: la administración sanitaria responde objetivamente por los daños causados en centros públicos, incluso si no hubo culpa directa.
Además, el abogado de la madre, Esteban Gómez Rovira, ha solicitado 18 meses de prisión y inhabilitación especial por 24 meses para cada acusada. La pena busca disuadir conductas que pongan en riesgo la vida perinatal sin justificación clínica.
¿Cómo se calcula la fianza de 3,2 millones de euros?
La cuantía no es arbitraria. Se basa en la valoración pericial de daños futuros: atención médica vitalicia, rehabilitación, adaptaciones domiciliarias, cuidados continuos y pérdida de calidad de vida. En Cataluña, los tribunales aplican el baremo de daños personales actualizado, pero en casos de discapacidad grave se incorporan criterios de valoración económica del daño moral y existencial, avalados por la Audiencia Provincial de Barcelona.
Este monto también anticipa posibles condenas por responsabilidad patrimonial de la Administración, regulada en la Ley 40/2015. El Servei Català de Salut podría verse obligado a asumir el pago íntegro si se demuestra que el fallo formaba parte de una deficiencia estructural del sistema.
¿Qué dice la normativa actual sobre vigilancia fetal?
El Protocolo de Atención al Parto Prematuro del Departament de Salut de la Generalitat exige monitoreo continuo desde las 34 semanas. La falta de respuesta ante trazados no reactivos o bradicardias recurrentes obliga a la intervención inmediata. Aquí, el retraso de más de 90 minutos entre la detección del problema y la decisión de cesárea viola estándares mínimos de seguridad del paciente.
¿Cuál es el impacto económico y social de estos casos?
Los litigios por mala praxis obstétrica representan el 23% de las demandas sanitarias en Cataluña (Dades 2025, Consorci Sanitari de Girona). Cada caso con discapacidad neurológica grave genera un coste medio estimado de 2,8 millones de euros a lo largo de la vida. Esto presiona los presupuestos del CatSalut, que ya destina el 11% de su gasto anual a indemnizaciones y seguros.
Además, el caso Aisatu ha reavivado el debate sobre la escasez de personal especializado en obstetricia en hospitales del interior. En Salt, el ratio de comadronas por parto es de 1:18, muy por debajo del recomendado (1:8) por la OMS.
Datos Clave
- Aisatu tiene una discapacidad del 96%, reconocida oficialmente por la Generalitat.
- El juzgado exige una fianza de 3.200.000 €, una de las más altas en litigios obstétricos en Cataluña.
- Se imputa imprudencia profesional grave, no negligencia leve: el estándar de cuidado fue claramente incumplido.
- El Servei Català de Salut y las aseguradoras están citadas como responsables civiles directos.
- El caso se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad del Paciente 2023–2027, que prioriza la prevención de daño perinatal.
¿Qué cambios legales y operativos exige este caso?
El fallo anticipa una posible reforma del Decreto 127/2022, que regula la responsabilidad profesional en centros públicos. Expertos del Institut de Govern i Polítiques de Salut piden incluir obligaciones explícitas de doble verificación en monitorización fetal y protocolos de escalada de alertas con tiempos máximos de respuesta.
También impulsa la exigencia de auditorías externas obligatorias en partos con complicaciones graves, como ya ocurre en el Hospital Clínic de Barcelona desde 2024. Sin transparencia estructural, los casos como el de Aisatu seguirán erosionando la confianza en el sistema público de salud.
